El gobierno de Javier Milei decidió incluir en el Presupuesto 2026 una medida que impacta de lleno en millones de familias argentinas: eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. Hasta ahora, estos beneficios estaban atados al índice de movilidad jubilatoria, que seguía la inflación. Con la reforma, su valor quedará sujeto a la decisión del Ministerio de Capital Humano, en línea con una exigencia del Fondo Monetario Internacional para aprobar la primera revisión del acuerdo con la Argentina.
La propuesta implica un fuerte retroceso en derechos conquistados, ya que dejaría de garantizar la protección automática contra la inflación, especialmente a niñas, niños y adolescentes de hogares vulnerables y a los hijos de trabajadores registrados. El diputado Daniel Arroyo alertó que la medida transformará la AUH en “una especie de bono de ayuda”, perdiendo su carácter de derecho dentro del sistema de seguridad social.
Organizaciones sociales encendieron la alarma: recuerdan que Milei ya aplicó la misma lógica con el Potenciar Trabajo, que al desengancharlo del salario mínimo quedó congelado y reducido a un monto insignificante. Ahora temen que se repita la historia con la AUH, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de chicos. Norma Morales, de Barrios de Pie, advirtió que “nuestras niñeces ya no acceden a alimentos básicos” y reclamó que el Congreso garantice la actualización automática como política de Estado.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también denunció que el Presupuesto 2026 reduce un 15,9% los recursos destinados a servicios sociales en comparación con 2023. Para las organizaciones, la medida desnuda el nivel de subordinación del gobierno al FMI y confirma que el ajuste no solo golpea a los más pobres, sino que también erosiona los ingresos de la clase media.
En este escenario, la presión social y política se concentra en el Congreso, donde se reclamará que la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares quede blindada por ley y no dependa de las decisiones discrecionales del Ejecutivo. La disputa por este derecho adquirido promete ser uno de los grandes debates del próximo período legislativo.