En medio de un escenario económico donde los hogares argentinos ajustan cada vez más sus presupuestos, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación abrió un nuevo llamado a licitación para la adquisición de frutas y verduras frescas destinadas al abastecimiento de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos por los próximos seis meses. El proceso identificado como 23-0020-LPU25 contempla una diversa lista de productos frescos y proyecta un gasto total que supera los 262 millones de pesos. 
La convocatoria, publicada en enero en el Boletín Oficial y ejecutada por el área a cargo de Karina Milei —hermana del presidente Javier Milei—, incluye alimentos como acelga, ajo, albahaca, apio, bananas, brócoli, champignones y duraznos, entre otros. La oferta más alta registrada hasta ahora corresponde a un proveedor que cotizó 262.202.000 pesos para cubrir el suministro completo. 
Un número que llama la atención
Traducido a términos mensuales, el monto equivale a más de 43 millones de pesos por mes en frutas y verduras para el circuito presidencial. Una cifra que toma relevancia especialmente cuando oficiales del propio gobierno insisten en la necesidad de ajuste fiscal y recuerdan con frecuencia que los recursos del Estado son escasos. 
Este llamado no es aislado dentro de los procesos licitatorios impulsados por la Secretaría General en los últimos meses. Otros contratos recientes incluyeron gastos en bebidas gaseosas e isotónicas por más de 81 millones de pesos, panes y medialunas por 311 millones, café premium con máquinas expreso por 62 millones y diversos electrodomésticos por 40 millones, todos con períodos de cobertura similares y posibilidad de prórroga automática. 
El contraste con la realidad social
Mientras el consumo masivo en supermercados muestra tendencias a la baja, y consultoras privadas señalan que más del 40% de los hogares argentinos llega con dificultad a fin de mes, este tipo de licitaciones reabre el debate sobre las prioridades de gasto en el Estado. Muchas familias enfrentan limitaciones para cubrir necesidades básicas como alimentos frescos, cuyos precios han tenido incrementos superiores a los ingresos en los últimos meses. 
Para quienes defienden el procedimiento, la contratación busca asegurar el funcionamiento pleno de espacios institucionales clave, garantizar reuniones protocolares y el abastecimiento adecuado de la estructura gubernamental. Sin embargo, para analistas y sectores críticos, el volumen de los números y la reiteración de este tipo de llamados en medio de la crisis económica simbolizan una falta de coherencia entre el discurso oficial de austeridad y la práctica administrativa. 
En definitiva, más allá del detalle técnico del pliego, la licitación por frutas y verduras se convirtió en otro punto de tensión en la discusión pública sobre cómo se distribuyen los recursos del Estado en un contexto de ajuste permanente para gran parte de la sociedad.