Un nuevo episodio de opacidad envuelve al gobierno de Javier Milei tras la difusión de imágenes que contradicen de manera directa la versión oficial sobre el ingreso de equipaje no declarado en un vuelo privado. El hecho ocurrió a fines de febrero en Aeroparque Jorge Newbery y está siendo investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo especializado en casos de corrupción.
La escena quedó registrada por cámaras de seguridad: una mujer, Laura Belén Arrieta, descendió de un jet privado junto a dos tripulantes con diez valijas que no pasaron por los controles de Aduana. Arrieta, de 32 años, es empleada del empresario Leonardo Scatturice, dueño de la aeronave utilizada y reciente comprador de la aerolínea Flybondi. Ambos están ligados a la organización en Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), evento que contó con la presencia del presidente Milei y sirvió para reforzar vínculos con referentes de la ultraderecha internacional.
En marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni negó rotundamente la existencia del hecho. Dijo que era “fácticamente imposible” que alguien hubiera visto semejante cantidad de valijas y aseguró que el equipaje “jamás bajó del avión”. También afirmó que la pasajera era una “ciudadana común” sin vínculos con el gobierno. Sin embargo, las imágenes contradicen cada uno de esos puntos: se ve el desembarco del equipaje, la ausencia total de controles aduaneros y el trato privilegiado recibido por la comitiva.
La investigación detectó que solo se declaró la mitad del equipaje y que la omisión de los controles no respondió a una situación de emergencia ni a errores operativos. Por el contrario, se trató de una maniobra deliberada facilitada por personal de Aduana. También se detectaron inconsistencias en los registros del vuelo: los datos de Migraciones y la ANAC no coinciden con los itinerarios reales del avión, tanto en su ingreso al país como en su posterior partida hacia Europa.
La causa sigue en etapa preliminar. La Justicia ya solicitó el acceso a todas las cámaras del aeropuerto, además de requerir información oficial a la PSA, la Aduana, la ANAC y Migraciones. Desde el Gobierno no hubo nuevas declaraciones tras la difusión del material que contradice la versión oficial. Tampoco se aclaró cuál fue el contenido exacto del equipaje ni por qué se lo trató de forma excepcional.
El caso genera incomodidad en el entorno presidencial, no solo por las irregularidades detectadas, sino también por el vínculo entre los protagonistas del vuelo y el ascenso meteórico de Leonardo Scatturice en el negocio aerocomercial. La cercanía de Arrieta y Scatturice con la organización de la CPAC, el evento político de mayor peso del oficialismo en el plano internacional, refuerza las sospechas sobre posibles conflictos de interés o tráfico de influencias.
El silencio oficial contrasta con la gravedad del hecho, que podría derivar en causas por contrabando y otras figuras penales. Si bien el gobierno intentó desmentir el episodio durante meses, las imágenes dejan poco margen para la interpretación. Las valijas están. El escándalo, también.