La seguridad vial volvió a quedar en el centro del debate luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actualizara las normas que determinan cuándo un conductor puede perder su licencia por tiempo determinado. Mediante la disposición 91/2025, impulsada por el gobierno de Javier Milei, se estableció un listado más estricto de infracciones consideradas “graves”, con sanciones que pueden llegar a la suspensión prolongada e incluso la inhabilitación definitiva.
Si bien la discusión sobre seguridad vial es permanente, esta actualización normativa generó polémica por el endurecimiento de las medidas sin acompañarlas de políticas de prevención, educación vial o mejoras en el control estatal, que hoy se encuentra reducido por los recortes aplicados por el oficialismo. Aun así, el nuevo régimen ya está vigente y afecta directamente a millones de conductores en todo el país.
Entre las faltas graves se destaca la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas. En la mayoría de las jurisdicciones rige la tolerancia cero y cualquier nivel detectable implica sanción automática. También se incorpora como falta grave el uso del celular al volante, una de las conductas distractivas más frecuentes y vinculada a numerosos siniestros viales.
Ignorar señales de tránsito, exceder los límites de velocidad o realizar maniobras imprudentes —como sobrepasos indebidos o giros prohibidos— también forman parte del listado de infracciones que pueden derivar en la suspensión de la licencia. Estas acciones se consideran de alto riesgo por su impacto directo en la siniestralidad, especialmente en rutas donde los controles suelen ser insuficientes.
Otra falta grave es circular con la licencia vencida, suspendida o inhabilitada. En esos casos, las penalidades pueden ser aún más severas, llegando a la inhabilitación definitiva según la gravedad del hecho. También se incluye la negativa a someterse a controles policiales, como pruebas de alcoholemia, ya que esa conducta implica una presunción de infracción grave.
Si bien las medidas buscan reducir accidentes, especialistas advierten que sin políticas públicas integrales resulta difícil alcanzar los objetivos de seguridad vial. En un contexto donde el Gobierno nacional recortó recursos y desarticuló áreas clave, la prevención vuelve a quedar en manos de los propios conductores y de provincias que intentan sostener sus sistemas de control.