La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió acudir a la Justicia para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, aprobada por el Congreso. La medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de la institución, que resolvió iniciar las acciones judiciales necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la norma y el respeto a las obligaciones constitucionales vinculadas al sostenimiento de la educación pública.
Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la ley, resolvió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Esa decisión, según la UBA, constituye una violación a la división de poderes y a la voluntad soberana del Parlamento. “El decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos y quebranta la voluntad del Congreso de la Nación”, sostiene la resolución universitaria.
La UBA denunció además que esta medida vulnera derechos constitucionales al impedir que el sistema universitario acceda al financiamiento y la recomposición salarial prevista. En ese sentido, la institución advirtió que las universidades nacionales atraviesan una crisis presupuestaria sin precedentes, producto de la falta de actualización de los fondos y de la pérdida del poder adquisitivo del salario docente y no docente, que supera el 40% desde 2024.
El Consejo Superior destacó que la ley en cuestión fue aprobada por ambas cámaras con el objetivo de garantizar el sostenimiento del sistema universitario, recomponer los sueldos y crear fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. “Su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, remarcaron los consejeros.
Finalmente, el cuerpo advirtió que la decisión del Poder Ejecutivo constituye “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, y ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad frente a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.