El Gobierno de Javier Milei avanza en un nuevo ajuste dentro del Estado y este lunes dejará en la calle a 800 trabajadores del Ministerio de Capital Humano. Se trata de empleados de planta permanente, muchos con entre 15 y 30 años de trayectoria en la gestión pública, que en su mayoría formaban parte de la Secretaría de Niñez y Familia.
En febrero habían sido notificados por mail de que pasaban a “disponibilidad” en el marco de la Ley Bases, que eliminó la estabilidad en el empleo público. Durante seis meses, a pesar de que se les exigió mantenerse accesibles en sus horarios laborales, nunca fueron convocados para capacitación o reubicación en otras áreas. El proceso terminó en lo que desde un principio parecía inevitable: el despido masivo.
Los cesanteados integraban equipos especializados en políticas sociales que fueron desmanteladas por la gestión de Sandra Pettovello. Bajo su conducción, el ministerio cerró los Centros de Referencia en todo el país, interrumpió la atención territorial y eliminó programas comunitarios claves: cooperativas de trabajo, comedores, proyectos de género y salud, reciclado con inclusión, urbanización de barrios populares y producción de alimentos.
Como resultado, la cartera quedó reducida a la administración de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos programas de gran valor, pero limitados a transferencias monetarias sin capacidad de articulación comunitaria.
El panorama es sombrío: las oficinas fueron vaciadas, los programas desarticulados y miles de beneficiarios quedaron sin asistencia directa. El gobierno de Milei continúa consolidando un modelo de ajuste que debilita las redes de contención social, golpeando no sólo a los trabajadores estatales, sino también a las comunidades que dependían de esas políticas públicas.