La Justicia federal volvió a encender una señal de alarma frente al incumplimiento del Gobierno nacional en materia de derechos para las personas con discapacidad. El Juzgado Federal de Campana intimó al Poder Ejecutivo a demostrar, en un plazo de cinco días hábiles, avances reales y verificables en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que sigue sin ejecutarse plenamente mientras se profundiza el ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables.
La resolución fue dictada por el juez Adrián González Charvay en el marco de un amparo colectivo presentado contra el Estado nacional y el Ministerio de Salud. El magistrado fue contundente: no se aceptarán informes vagos ni promesas futuras. El Gobierno deberá presentar documentación concreta que acredite medidas efectivas, con respaldo administrativo y presupuestario.
La causa se inició a partir de la presentación de un padre que actuó en representación de sus hijos con discapacidad, pero rápidamente adquirió dimensión colectiva al sumar el acompañamiento de organizaciones sociales especializadas y del Ministerio Público. Ese respaldo reforzó el carácter estructural del reclamo y dejó en evidencia que el problema no es aislado, sino parte de una política de desfinanciamiento sistemático.
En su fallo, el juez advirtió que los informes basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos” sin ejecución material no serán considerados válidos. Además, dejó expresamente abierta la posibilidad de aplicar sanciones ante el incumplimiento, incluyendo multas personales a los funcionarios responsables.
Aunque el Gobierno apeló la resolución, la Justicia concedió el recurso con efecto devolutivo. Esto significa que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado, un dato clave que refuerza la gravedad de la situación institucional.
El expediente, identificado como N° 44035/2025, cuenta también con la intervención de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de la Asesora de Menores. Entre los puntos exigidos para considerar válido el cumplimiento de la ley se destacan la actualización de los aranceles para prestadores con vigencia desde enero de 2025, la implementación de un plan de pago de compensaciones adeudadas, la reapertura del plan ARCA para refinanciar deudas y la publicación del decreto reglamentario, que ya acumula más de tres meses de atraso.
La Justicia fijó además una fecha límite ineludible: el 4 de febrero de 2026. Para entonces, el sistema deberá estar plenamente operativo, con aranceles liquidados, planes de pago en marcha y el marco normativo vigente. En paralelo, una auditoría judicial confirmó que el expediente administrativo permanece virtualmente paralizado desde el 3 de enero de 2026, lo que expone una vez más la falta de voluntad política del Gobierno de Javier Milei para garantizar derechos básicos.