Un nuevo revés judicial golpea a la administración de Javier Milei. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Gobierno dar marcha atrás con los pases a disponibilidad en el INTA y fijó una sanción de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
El fallo llegó tras la decisión del Ministerio de Economía de avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a más de 300 trabajadores del organismo, a pesar de que existía una cautelar vigente y de que el Senado ya había rechazado el DNU 462/25 que habilitaba este tipo de medidas.
La resolución judicial no solo ratifica la vigencia de la cautelar, sino que también impone un costo económico inmediato para el Estado, obligando a la Casa Rosada a retroceder en su política de ajuste sobre un organismo clave en el desarrollo científico y productivo del país.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, celebró la medida como un triunfo gremial y político. “La Justicia obliga al Gobierno a cumplir la cautelar e impone multa de $10 millones diarios”, expresó en redes sociales, y lanzó un fuerte cuestionamiento al Presidente: “¿En serio Milei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Además de coimeros, son bastante cabeza dura”.
El Gobierno de Milei, pese a las decisiones judiciales y parlamentarias, continúa intentando avanzar por la vía administrativa con recortes en organismos descentralizados, lo que ya genera un escenario de enfrentamiento institucional. Para los gremios, este fallo representa no solo un freno concreto al ajuste, sino también un mensaje político de que la estrategia de desconocer las instituciones tiene límites.