La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para investigar al legislador oficialista José Luis Espert, acusado de lavado de dinero y con presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, señalado por la Justicia estadounidense como narcotraficante.
La solicitud del magistrado fue avalada por 215 votos afirmativos y tres abstenciones, en un trámite que se realizó bajo secreto de sumario. Aunque los detalles no fueron revelados públicamente, se conoció que Mirabelli solicitó el registro y secuestro de bienes pertenecientes al diputado liberal, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien lo imputó formalmente por presunto lavado de dinero.
El fiscal busca rastrear los movimientos financieros y bancarios de Espert, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal que lo amparaba debido a sus fueros legislativos. Según la investigación, el diputado de La Libertad Avanza habría recibido una transferencia de 200 mil dólares de Machado y habría viajado más de 35 veces en su avión privado.
Tras la aprobación parlamentaria, la oficina de Espert en el Congreso fue clausurada con una faja judicial, quedando bajo custodia hasta nueva orden.
En paralelo, la Policía Federal realizó un allanamiento en la vivienda de Machado, en la ciudad de Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria. Allí se halló un contrato por un millón de dólares firmado entre Machado y Espert, fechado el 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes del lanzamiento de la candidatura presidencial del ahora diputado.
El documento, parcialmente quemado y encontrado en un tacho de basura, detallaba un supuesto acuerdo de “locación de servicios”, con un pago inicial de cien mil dólares y el resto en cuotas mensuales hasta completar el millón.
El hallazgo refuerza las sospechas sobre un posible financiamiento ilegal de la campaña de Espert en 2019. Mientras tanto, Machado permanece detenido en una cárcel federal de Viedma, a la espera de su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos por narcotráfico y lavado internacional.