La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, solicitó formalmente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) la restitución urgente de las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad en la provincia, además de la revisión de los procedimientos aplicados por el organismo nacional.
Según el relevamiento realizado por la Defensoría, se detectaron situaciones preocupantes que vulneran derechos básicos de los beneficiarios y sus familias. Entre ellas, la suspensión de pensiones sin notificación fehaciente, lo que dejó a muchos sin ingresos esenciales de carácter alimentario.
También se advirtieron procedimientos de auditoría confusos, con citaciones emitidas mediante cartas documento o telegramas poco accesibles, en plazos reducidos y con un lenguaje técnico difícil de comprender. A esto se suman problemas de traslado, falta de turnos médicos y barreras económicas y sociales que impidieron a muchas personas cumplir con los requisitos exigidos.
En otros casos, las notificaciones no llegaron a destino debido a fallas del sistema de correo, mientras que algunas solicitudes de nuevas pensiones llevan años de demora en su evaluación y otorgamiento.
La Defensoría recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina, establece que estas personas son sujetos plenos de derechos, y que el Estado debe garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en el acceso a prestaciones sociales.
Frente a esta situación, el organismo provincial pidió a la ANDIS:
- Restituir de manera urgente las pensiones suspendidas y abstenerse de nuevas bajas unilaterales.
- Suspender los procedimientos de auditoría hasta garantizar estándares internacionales de derechos humanos y accesibilidad plena.
- Informar de manera clara los criterios utilizados para otorgar pensiones, evitando requisitos restrictivos.
- Transparentar la cantidad de pensiones interrumpidas o suspendidas en la provincia de Buenos Aires.
- Agilizar los trámites pendientes de nuevas pensiones.
“Estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad que requiere respuestas inmediatas. Las personas con discapacidad no pueden ver interrumpido un ingreso básico que es de carácter alimentario, mucho menos sin fundamentos claros ni notificación fehaciente. La Defensoría va a seguir reclamando que se respeten los estándares internacionales y los derechos adquiridos”, destacó Guido Lorenzino.