Un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” por el alarmante deterioro de las libertades fundamentales en la Argentina desde la llegada de Javier Milei al poder. La carta, dirigida al Gobierno nacional, apunta a la represión violenta de las manifestaciones sociales y a los ataques a la independencia judicial, dos pilares de la democracia que hoy están siendo socavados por el oficialismo.
Desde diciembre de 2023, con la implementación del “protocolo antipiquetes” impulsado por Patricia Bullrich, organismos internacionales de derechos humanos comenzaron a recibir denuncias sobre detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, agresiones a periodistas y persecuciones a jueces que investigan estos abusos. Entre los casos más graves, se destacó la represión del 12 de marzo frente al Congreso, donde resultó gravemente herido el reportero gráfico Pablo Grillo. También se denunciaron los ataques sistemáticos contra la jueza Karina Andrade, quien había ordenado liberar a manifestantes detenidos ilegalmente.
La respuesta del gobierno fue el silencio. Recién dos meses después, y tras la publicación del documento por parte de los relatores de la ONU, el Ejecutivo solicitó una prórroga para responder a las acusaciones. Pero las denuncias no se detienen: se señala un patrón sistemático de hostigamiento a quienes ejercen el derecho a la protesta y también a quienes desde el Poder Judicial intentan proteger esos derechos.
Además del protocolo represivo, la ONU cuestionó el megaDNU y la Ley Bases, que afectaron gravemente derechos laborales, sociales y económicos. También alertaron sobre la reciente “ley anti mafias”, que permite detenciones sin orden judicial, una medida que representa un retroceso inaceptable en el respeto a las garantías constitucionales.
La comunidad internacional sigue con atención los pasos de este gobierno. Las advertencias de la ONU reflejan una preocupación creciente por el rumbo autoritario que ha tomado la gestión de La Libertad Avanza. Frente a este escenario, la sociedad argentina y sus instituciones democráticas deben estar alertas para evitar que se consolide un modelo de gobierno que desprecia la libertad, la justicia y la participación ciudadana.
