Mientras a nivel nacional crece el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Misiones estalló una nueva polémica: se detectaron auditorías irregulares en San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo, realizadas por militantes de La Libertad Avanza en condiciones precarias, con constancias rechazadas por ANSES y hasta firmas médicas falsificadas.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli calificó la situación como “inadmisible” y el gobierno provincial presentó un amparo ante la Justicia Federal. Según se detalló, las auditorías incluyeron trámites realizados por militantes políticos en lugar de profesionales de la salud, comprobantes sin validez legal, sellos médicos falsificados y hasta operativos en espacios indignos, como un restaurante abandonado.
En 25 de Mayo, el secretario de Gobierno Sebastián Rodríguez relató que los beneficiarios recibieron cartas documento con direcciones inexistentes, lo que generó desinformación y temor a perder sus pensiones. “Nos encontramos con que eran militantes libertarios quienes hacían las auditorías. La gente salía con certificados que después ANSES no aceptaba porque eran firmas apócrifas o simples fotocopias”, denunció.
Rodríguez advirtió que muchos beneficiarios recorrieron hasta 70 kilómetros por caminos de tierra bajo la lluvia, sólo para volver sin respuestas. Los primeros 15 trámites presentados en la ANSES fueron rechazados y la situación continuó con otros casos. “Claramente estas acciones muestran el perfil del Gobierno nacional, que termina golpeando a los sectores más vulnerables”, señaló.
La confusión y el malestar también se replicaron en San Ignacio, donde las auditorías se hicieron en un restaurante abandonado, con cientos de personas esperando a la intemperie. Los beneficiarios recibieron constancias firmadas con el nombre y sello falsificados del cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, quien ya anticipó que denunciará penalmente la falsificación.
El gobierno provincial exigió que se protejan los derechos de las personas con discapacidad y que se revisen de inmediato estas auditorías, que más que un control real parecen un armado político improvisado para disciplinar a los beneficiarios.