La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa un fuerte escándalo por presuntos pagos de coimas vinculados a la compra de medicamentos, que volvió a poner en debate la transparencia del organismo encargado de administrar políticas destinadas a un sector especialmente vulnerable de la sociedad.
El caso ya generó repercusiones políticas y judiciales, y aunque el Gobierno nacional busca despegarse de las acusaciones, las miradas se centran en la gestión del exdirector Diego Spagnuolo. Según trascendió, el funcionario había recibido la tarea de revisar y dar de baja pensiones por discapacidad consideradas irregulares, pero el avance fue mínimo. “Solo se cancelaron unas pocas, cuando se calcula que la mitad no deberían existir”, reconoció públicamente el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Las declaraciones, lejos de aclarar, abrieron un nuevo frente: mientras la Justicia investiga si existieron coimas en la compra de medicamentos, también se destapa la falta de control en el sistema de beneficios sociales. El propio Francos admitió que la administración de Javier Milei no fue “totalmente eficiente en corregir” estas irregularidades, aunque responsabilizó a Spagnuolo por no cumplir con los objetivos encomendados.
La situación impacta de lleno en la credibilidad de la ANDIS, un organismo clave para garantizar derechos básicos a las personas con discapacidad. La denuncia por corrupción, sumada a la demora en la revisión de pensiones, deja expuesto un doble problema: por un lado, la posible existencia de una red de coimas en la compra de medicamentos, y por otro, la precariedad de un sistema que, según palabras oficiales, es “poroso” y permite la fuga de recursos millonarios.
En paralelo, desde la Casa Rosada se insiste en que se respetará el accionar judicial y que no habrá declaraciones que interfieran en la causa. Sin embargo, el propio Francos atribuyó el escándalo a una “artillería política” destinada a dañar al Gobierno, lo que muestra la tensión entre la necesidad de dar explicaciones institucionales y la estrategia de relativizar el impacto.
El futuro de la ANDIS, bajo la lupa de la Justicia y de la opinión pública, será decisivo en las próximas semanas. Lo que debería ser un espacio de garantía de derechos se convirtió, una vez más, en terreno de denuncias y sospechas.