Un nuevo capítulo de la crisis política golpea al gobierno de Javier Milei tras la difusión de audios que comprometen al propio Presidente y a su hermana, Karina Milei, en un entramado de presunto cobro de coimas vinculadas a la compra de medicamentos.
Los audios, grabados en una reunión privada del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, exponen un circuito de retornos que involucra directamente a la Secretaría General de la Presidencia y a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del oficialismo. Según se desprende de la denuncia judicial presentada en Comodoro Py, la maniobra incluía a la droguería Suizo Argentina, de Eduardo Kovalivker, como intermediaria en la distribución del dinero ilegal.
El abogado Gregorio Dalbón, quien impulsó la presentación, sostuvo que se trata de un esquema de corrupción de gran magnitud que debe investigarse como asociación ilícita, encuadrando también en delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la Ley de Ética Pública.
Los audios de Spagnuolo no dejan lugar a dudas sobre la existencia de un mecanismo de recaudación ilegal dentro del gobierno: “A la primera que se van a llevar puesta es a Karina”, asegura en una de las grabaciones, mientras en otra acusa a Lule Menem de “estar choreando de una manera” que afecta incluso a los propios funcionarios del área. En otro pasaje, describe que los retornos alcanzaban un 3% de las contrataciones, lo que equivaldría a más de 800 mil dólares mensuales.
La denuncia subraya que este circuito de coimas golpea directamente a las personas con discapacidad, ya que el dinero desviado debería haber financiado tratamientos, prótesis, medicamentos e insumos básicos. “Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de rehabilitación o de una silla de ruedas para una familia”, señala la presentación.
Este escándalo llega en un momento especialmente sensible para el gobierno, en medio del debate legislativo por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que Milei vetó semanas atrás. El hecho de que la presunta red de corrupción tenga como epicentro a la ANDIS agrava aún más la situación política y social del oficialismo.
El caso promete convertirse en un golpe letal a la credibilidad del Presidente y de su círculo íntimo. La Justicia deberá determinar ahora hasta dónde llega la responsabilidad de Javier y Karina Milei en una trama que, según los denunciantes, convirtió a la salud pública en un “negocio millonario” sostenido con el sufrimiento de los sectores más vulnerables.