Aunque Javier Milei suele despreciar públicamente las encuestas tradicionales y jactarse de “tomar el pulso del pueblo” a través de redes sociales, su administración no se aleja tanto de las prácticas de sus predecesores. En apenas dos meses, el gobierno nacional destinó más de 117 millones de pesos a estudios de opinión pública realizados por consultoras privadas.
El gasto se concentró en seis trabajos encargados a las firmas Opinaia e Isonomía, dos nombres ya conocidos en el circuito de la consultoría política. Dos de estos estudios fueron solicitados el 27 de marzo, el mismo día en que se anunció que el vocero presidencial Manuel Adorni sería candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.
Según consta en el portal oficial de compras del Estado, esos dos trabajos —una encuesta online de 1.200 casos y dos focus groups— costaron $37.158.000 y fueron encargados directamente desde la Secretaría de Comunicación, que depende del propio Adorni. La contratación se hizo bajo el “acuerdo marco 999-6-AM24”, una herramienta heredada del gobierno de Cambiemos que permite omitir licitaciones abiertas.
Este mecanismo, vigente desde la gestión de Marcos Peña y prorrogado por Milei en 2024, ha sido la vía preferida para contratar relevamientos sin demasiada exposición. En ese marco, distintas áreas del Estado solicitaron estudios que no siempre se hicieron públicos. De hecho, el jefe de Gabinete Guillermo Francos debió entregar parte de esas encuestas al Congreso ante un requerimiento formal, revelando que en 2023 ya se habían gastado más de $60 millones en al menos siete trabajos similares.
El desglose de este año muestra contrataciones a ritmo acelerado: el 20 de marzo, el Ministerio de Economía encargó a Opinaia 6.300 encuestas por más de $36 millones. El 27, además del pedido de Comunicación, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich contrató 1.362 encuestas telefónicas por otros $32,7 millones. Y el 29 de abril, se sumaron nuevos encargos: 12 focus groups a Isonomía por $17,7 millones y 1.400 encuestas online a Opinaia por $7,5 millones.
El vínculo del gobierno con Opinaia parece estrecho: no solo concentra la mayoría de las contrataciones, sino que sus representantes han mantenido reuniones periódicas con altos funcionarios como Francos y el ministro de Defensa, Luis Petri.
Mientras el Presidente sigue apelando a encuestas en X y afirmaciones sobre el “sentido común de la gente”, su administración invierte millones en conocer —de forma más tradicional y silenciosa— lo que piensan los argentinos. Un doble juego que evidencia, quizás, que ni siquiera los más disruptivos pueden prescindir del termómetro clásico de la política.
