En medio de una jornada legislativa tensa, marcada por el enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma largamente reclamada por organizaciones, familiares y personas con discapacidad en todo el país. La medida fue parte de un paquete de leyes que incluye la suba de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y fondos para Bahía Blanca, todos bajo amenaza de veto por parte del presidente Javier Milei.
Con 55 votos afirmativos y ningún rechazo, la iniciativa declara la emergencia en el área de discapacidad, un paso fundamental para garantizar el acceso a prestaciones, la regularización de pagos a transportistas y centros terapéuticos, y la preservación de derechos esenciales en un contexto de ajuste económico.
Una ley con fuerte respaldo y una historia de reclamos
La declaración de emergencia llega tras meses de movilización por parte de instituciones, trabajadores del sector, familiares y personas con discapacidad, que vienen denunciando retrasos en los pagos por parte del Estado, baja cobertura de obras sociales y recortes en programas esenciales.
La norma fue impulsada en respuesta a esta crisis estructural, que se profundizó en los últimos meses con la eliminación o paralización de programas por parte del Ejecutivo. La emergencia, entre otros puntos, permite reasignar partidas presupuestarias, agilizar pagos y evitar la interrupción de tratamientos y servicios esenciales.
Un respaldo político transversal
A diferencia de otros proyectos debatidos en la misma sesión, la Ley de Emergencia en Discapacidad recibió el apoyo unánime de todos los bloques, incluso de algunos senadores alineados con el oficialismo, que decidieron acompañar la iniciativa por fuera de la línea del Poder Ejecutivo. La sesión se llevó a cabo sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y con el oficialismo retirado de sus bancas.
El respaldo masivo reflejó el consenso social en torno a la urgencia del tema, pero también expuso el aislamiento del Gobierno en una de las áreas más sensibles de la agenda pública.
La advertencia desde Cañuelas
Uno de los referentes del sector que expresó su preocupación ante el posible veto presidencial fue Alex Goldman, director de la Fundación IPNA de Cañuelas. En declaraciones al diario Página/12, Goldman sostuvo:
“Es una desazón enorme. Las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajamos en el sector vivimos con angustia, dolor y desamparo. Hay instituciones que ya no pueden sostener los servicios. Esto es una emergencia real, no una consigna política”.
Goldman, que también integra el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, alertó sobre la situación crítica que atraviesan los centros terapéuticos, transportistas y acompañantes, muchos de los cuales siguen sin cobrar y corren riesgo de desaparecer. Para él, la ley aprobada “no es una solución mágica, pero sí una herramienta concreta para frenar la caída del sistema”.
El veto en la mira
A pesar de la aprobación unánime, el presidente Milei anunció que vetará todas las leyes aprobadas, argumentando que “atentan contra el déficit cero”. En el caso de la Ley de Discapacidad, el veto generaría un fuerte rechazo no solo en el arco opositor sino también en sectores de la sociedad civil que se han mantenido al margen de las disputas partidarias.
Sin embargo, si el Congreso logra sostener los dos tercios alcanzados en ambas cámaras, el veto podría ser revocado. Ese escenario abre una pulseada política de alto voltaje y coloca a la Ley de Emergencia en Discapacidad como un caso testigo en la disputa entre el ajuste fiscal y la garantía de derechos.