El oficialismo dio un paso clave en el Senado y firmó el dictamen de la Reforma Laboral, dejando el proyecto listo para su tratamiento en el recinto el próximo viernes 27 de febrero. La intención del Gobierno es clara: convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.
El despacho fue rubricado en un plenario conjunto de comisiones en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición por los tiempos y el procedimiento adoptado. Desde Unión por la Patria y otros bloques advirtieron que el tratamiento se aceleró al máximo para garantizar su aprobación dentro del período extraordinario, mientras que el oficialismo defendió la legalidad del trámite y sostuvo que el Congreso debe avanzar en reformas estructurales sin dilaciones.
En la Casa Rosada confían en que los votos están asegurados. La estrategia combina negociaciones con bloques dialoguistas y presión política para cerrar filas antes del viernes. El objetivo no es solo legislativo, sino también simbólico: que el Presidente pueda anunciar la sanción de la Reforma Laboral como uno de los ejes centrales de su discurso ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados, aunque sin el polémico artículo que limitaba licencias por enfermedad. Ahora, el Senado tiene la responsabilidad de definir si convierte la iniciativa en ley. Entre los puntos más debatidos aparecen modificaciones en el período de prueba, cambios en esquemas indemnizatorios y nuevas modalidades de contratación que, según el oficialismo, buscan reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal.
Sin embargo, sectores sindicales y bloques opositores advierten que varias disposiciones implican una flexibilización que debilita la estabilidad laboral y reduce derechos adquiridos. El debate se da además en un contexto económico complejo, con caída del consumo, cierre de pymes y dificultades en distintos sectores productivos. Para el Gobierno, la reforma es una herramienta para dinamizar el empleo privado; para sus detractores, modificar las reglas laborales en medio de la recesión puede profundizar la precarización y trasladar el costo de la crisis a los trabajadores.
Si el viernes el Senado aprueba el proyecto, el Gobierno sumará una victoria política significativa en un Congreso fragmentado. Pero más allá del calendario parlamentario, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales que marcará los próximos años en la Argentina y su impacto directo en la vida cotidiana de millones de trabajadores.