En un hecho histórico que no ocurría desde hace más de dos décadas, el Senado rechazó el veto de Javier Milei y confirmó la vigencia de la ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, que había sido aprobada en Diputados y vetada por el Presidente en agosto, logró la insistencia con 63 votos a favor y apenas 7 en contra. La Libertad Avanza quedó aislada, acompañada solo por dos aliados circunstanciales.
La norma establece la regularización de pagos a prestadores, la actualización mensual de aranceles y una profunda reforma en el sistema de pensiones no contributivas. Tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. También exige auditorías a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ratifica el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
La sesión, presidida por Bartolomé Abdala debido a que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo en ausencia de Milei, se desarrolló en medio de un clima político marcado por los escándalos de corrupción que golpean al oficialismo. Los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, denunciando coimas que involucrarían a Karina Milei, estuvieron presentes en los discursos opositores. Incluso una senadora llegó a ironizar con un jingle que circula en redes: “Alta coimera, Karina es alta coimera”.
La oposición en bloque –Unión por la Patria, el radicalismo, el PRO y senadores provinciales– coincidió en que el Gobierno lleva adelante una política de exclusión. “No es cierto que en la Argentina se haya disparado el número de personas con discapacidad, como dijo el vocero presidencial. Eso es una mentira para justificar el ajuste”, remarcó Mariano Recalde (UP). En la misma línea, Martín Lousteau apuntó contra la doble vara oficialista respecto a la libertad de expresión y la censura a periodistas.
Desde el oficialismo, la única voz en defensa del veto fue la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, alineada con el Gobierno aunque pertenezca al PRO. Admitió que los aranceles deben actualizarse, pero sostuvo que no era necesaria una ley.
La presión social también jugó un rol clave: mientras se votaba en el Congreso, hubo movilizaciones y paros en todo el país impulsados por prestadores, familiares y organizaciones del sector de discapacidad.
La votación final dejó al Gobierno más aislado que nunca. Cinco de los seis senadores libertarios acompañaron el veto, pero varios opositores que antes se habían ausentado (radicales, PRO y provinciales) cambiaron de postura y se sumaron a la defensa de la ley.
El mensaje político fue contundente: el Congreso no solo impuso su decisión, sino que advirtió que si el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, se podrían impulsar juicios políticos. El santacruceño José María Carambia lo expresó con claridad: “Si Milei no cumple esta ley, seré el primero en presentar un pedido de juicio político”.
Con este resultado, la temática de discapacidad queda en el centro de la agenda, mientras el Gobierno de Milei acumula derrotas parlamentarias y enfrenta crecientes denuncias por corrupción y autoritarismo.