En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa, que había sido impulsada en su momento por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
Con esta decisión, el Congreso avanzó en uno de los proyectos más controvertidos del oficialismo. Tras la votación, la Cámara Alta continuó con el tratamiento de la Reforma Laboral, que ya contaba con media sanción de Diputados, en un contexto de fuerte discusión sobre el rumbo económico y social del país.
Desde la Oficina del Presidente, el gobierno de Javier Milei celebró la sanción definitiva de la norma. En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejecutivo sostuvo que la ley “cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa” y actualiza el marco jurídico frente a lo que define como una nueva realidad delictiva.
El mensaje oficial incluyó una frase que sintetiza la postura del oficialismo: “Delito de adulto, pena de adulto”. Según el Gobierno, la reducción de la edad de imputabilidad no representa solo un cambio legal, sino “un acto de justicia hacia la sociedad”, al considerar que quienes comprenden la gravedad de sus actos deben responder ante la ley sin excepciones.
Sin embargo, la aprobación del régimen generó un fuerte debate en distintos sectores políticos y sociales. Organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y referentes de la oposición vienen advirtiendo que la medida no aborda las causas estructurales del delito juvenil y que podría profundizar la criminalización de adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
Mientras el oficialismo habla de “orden” y “fin de la impunidad”, desde sectores opositores sostienen que la seguridad no puede construirse únicamente desde el endurecimiento de penas, sino con políticas integrales que incluyan educación, inclusión social y oportunidades reales para los jóvenes.
Con la ley ya sancionada, el debate se traslada ahora a su implementación concreta y a las consecuencias que tendrá en el sistema judicial y penitenciario, en un país atravesado por una profunda crisis económica y social.