El Senado de la Nación volvió a avanzar con la intención de ratificar su proyecto original de reforma a la Ley 26.122, que regula el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa en general, pero con la caída de un artículo clave.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, emitió dictamen para insistir con el texto que la Cámara alta había aprobado en primera instancia. La propuesta establece que los DNU deberán ser tratados obligatoriamente por ambas Cámaras en un plazo máximo de 90 días desde su emisión, y que si una de ellas los rechaza, el decreto perderá automáticamente vigencia.
Actualmente, los DNU permanecen activos mientras no sean rechazados por ambas Cámaras, lo que le da al Poder Ejecutivo una herramienta de amplio margen que, en muchos casos, esquiva el control del Congreso.
Durante el debate, la senadora riojana Florencia López, del Frente Nacional y Popular, advirtió que “insistir sin diálogo con Diputados puede derivar en una ley frágil y susceptible de ser vetada por el presidente Javier Milei”. En esa línea, propuso “seguir discutiendo para lograr una sanción definitiva que sea sólida y duradera”.
Por su parte, el radical Eduardo Vischi reclamó mantener el texto original del Senado, rechazando los cambios impulsados por Diputados. “Hay que avanzar tal cual fue aprobado aquí, porque esa fue la versión que tuvo consenso”, señaló.
La decisión del Senado llega tras una sesión en Diputados marcada por tensiones políticas. Si bien la Cámara baja aprobó la reforma con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, no logró la mayoría necesaria para mantener el artículo que fijaba el plazo de 90 días. Diputados de bloques dialoguistas que habían acompañado en general se apartaron al votar en particular, provocando la caída del punto más sensible de la iniciativa.
Desde el entorno de Milei salieron a cuestionar la reforma, interpretándola como un intento de “acotar el poder presidencial”. Sin embargo, desde la oposición remarcan que se trata de recuperar el equilibrio institucional y devolver al Congreso su rol constitucional frente al uso abusivo de los DNU por parte del Ejecutivo.
Con el dictamen del Senado, la pulseada entre el Congreso y la Casa Rosada se mantiene abierta. La definición sobre el futuro de la ley será un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y un Parlamento que, a pesar de las presiones, busca poner límites a la discrecionalidad del Presidente.