La situación de las personas con discapacidad en Argentina se agravó en los últimos meses debido a las auditorías masivas implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivaron en la suspensión de más de 65 mil pensiones en un año.
Lejos de atender el escándalo de corrupción que salpica a la conducción del organismo, el Gobierno nacional avanzó con recortes que golpean a familias enteras. Los testimonios son cada vez más duros: madres y padres de niños con síndrome de Down, personas con amputaciones o adultos con secuelas permanentes denunciaron que se quedaron sin pensión sin aviso previo. En muchos casos, las notificaciones nunca llegaron o fueron enviadas a direcciones incorrectas.
El beneficio representa el 70% de la jubilación mínima más un bono —cerca de $290.000—, un ingreso esencial para sostener terapias y garantizar cierta independencia. Su quita no solo deja a las familias sin recursos básicos, sino que interrumpe tratamientos vitales.
En este contexto, el bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de Cañuelas solicitando:
• Informe oficial sobre la cantidad de pensiones dadas de baja entre 2024 y 2025.
• Restitución inmediata de los beneficios suspendidos erróneamente, incluyendo el pago retroactivo y la cobertura de gastos de traslado a la sede de auditorías en Lobos.
• Repudio a las declaraciones del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y a las presiones atribuidas al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Para sorpresa de todos, el proyecto fue aprobado con el acompañamiento del bloque de la UCR y de La Libertad Avanza, quienes solo introdujeron una modificación: garantizar que el Estado cubra los gastos ocasionados por los traslados y el pago retroactivo del beneficio dado de baja.
En Cañuelas, la preocupación es concreta: integradores escolares, acompañantes terapéuticos y centros de apoyo locales también se ven afectados por la falta de actualización de aranceles, lo que dificulta la continuidad de tratamientos y programas esenciales para niños, jóvenes y adultos con discapacidad.
Mientras en la escena pública proliferan imágenes de funcionarios oficialistas mostrando gestos fríos hacia la gente, el HCD de Cañuelas refuerza un mensaje claro: los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser objeto de ajuste ni recorte, y deben ser restituidos de manera inmediata.