El Gobierno nacional oficializó este jueves, a través del Decreto 109/2026 publicado en el Boletín Oficial, el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES. El refuerzo se abonará en marzo junto con los haberes mensuales y alcanzará a quienes perciben jubilaciones contributivas, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El bono tiene carácter no remunerativo y no será incorporado al haber, es decir, no impacta en el cálculo de futuros aumentos ni genera adicionales. Según la normativa, quienes cobran la jubilación mínima recibirán el monto completo, mientras que aquellos que superen ese piso percibirán un proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
Un refuerzo que no se actualiza
Más allá del anuncio, el dato que vuelve a encender el debate es que el monto del bono continúa congelado en $70.000, el mismo valor que comenzó a pagarse durante la gestión anterior, en un contexto inflacionario que ha erosionado fuertemente el poder adquisitivo de los ingresos fijos.
En términos reales, el refuerzo hoy representa menos capacidad de compra que cuando fue implementado. En un escenario donde alimentos, medicamentos y servicios registraron subas acumuladas significativas en los últimos meses, el bono perdió peso frente al costo de vida.
La decisión expone una contradicción: mientras el Gobierno sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y desacelerar la inflación, mantiene sin actualización un complemento que fue pensado como herramienta de compensación social.
El impacto en la vida cotidiana
En distritos como Cañuelas, donde una parte importante de la población depende de ingresos previsionales, la discusión no es abstracta. Para muchos jubilados, el bono representa la diferencia entre cubrir medicamentos, afrontar aumentos de tarifas o completar la compra mensual de alimentos.
El hecho de que el refuerzo no se incorpore al haber también implica que no mejora la base sobre la cual se aplican los aumentos por movilidad. Es decir, funciona como un alivio transitorio, pero no modifica la estructura del ingreso previsional.
Desde el Ejecutivo se argumenta que el bono apunta a reforzar los ingresos más bajos sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, organizaciones de jubilados y especialistas en seguridad social vienen señalando que la política de bonos extraordinarios termina reemplazando discusiones de fondo sobre la fórmula de movilidad y la recomposición real de los haberes.
Una medida que vuelve, con los mismos límites
El Decreto 109/2026 confirma la continuidad de una herramienta que se ha transformado en habitual en los últimos años: bonos extraordinarios para compensar ingresos. Pero también deja al descubierto sus límites estructurales.
En un contexto de inflación persistente, mantener congelado el monto implica que cada nueva edición del bono tiene menor impacto que la anterior. Y mientras tanto, el debate de fondo sobre cómo garantizar jubilaciones que acompañen el costo de vida sigue abierto.