En un nuevo giro de su política migratoria, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves un mecanismo para que extranjeros puedan acceder a la ciudadanía argentina sin necesidad de residir en el país, siempre que realicen una inversión económica “relevante”. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 524/2025, reglamenta la controvertida “ciudadanía por inversión”.
Esta nueva figura permite que cualquier extranjero, sin importar el tiempo que haya vivido en Argentina, acceda a la naturalización si realiza una inversión que sea considerada significativa por el Ministerio de Economía. Para eso, deberá presentar una solicitud ante la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que estará encargado de evaluar cada caso.
La Agencia analizará si el monto invertido es “relevante” conforme a los criterios definidos por la cartera económica. Luego, solicitará informes al Ministerio de Seguridad, la UIF, el Ministerio de Justicia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para determinar si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad nacional.
El resultado del análisis será enviado a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la última palabra. Si se considera que la inversión no califica o si alguno de los organismos consultados objeta el pedido, la solicitud podrá ser rechazada. Migraciones deberá resolver en un plazo de 30 días.
Esta medida, que profundiza la reforma migratoria impulsada por Milei, ha generado cuestionamientos por abrir la puerta a la compra de ciudadanía, al estilo de algunos paraísos fiscales, en lugar de priorizar el arraigo y el vínculo real con el país.