El Gobierno nacional profundizó su ofensiva contra los trabajadores del Hospital Garrahan y ordenó el despido de diez delegados gremiales, en una decisión que desató un fuerte repudio sindical y anticipa nuevas medidas de fuerza. La resolución surge de un sumario administrativo impulsado tras una protesta realizada en octubre del año pasado, cuando empleados del hospital reclamaron mejoras laborales y salariales.
El anuncio fue realizado por Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, quien volvió a cargar contra el sindicalismo y apuntó directamente contra los sectores de izquierda, en una postura que refuerza la lógica de confrontación que viene sosteniendo la gestión de Javier Milei frente a los trabajadores del Estado. Desde el Ejecutivo justificaron la medida al acusar a los delegados de haber ocupado de manera irregular oficinas del hospital pediátrico, uno de los más importantes del país.
La decisión generó un inmediato rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que nuclea a varios de los empleados afectados. Desde la Junta Interna del Garrahan advirtieron que la medida no solo es injustificada, sino que forma parte de un plan más amplio para debilitar la organización sindical y avanzar en el vaciamiento del sistema público de salud.
Alejandro Lipcovich, referente gremial del hospital, anticipó la realización de una asamblea general para definir los pasos a seguir y alertó que el Gobierno insiste en atacar al principal centro de pediatría del país, poniendo en riesgo su funcionamiento y la atención de miles de chicos y chicas de todo el país.
El conflicto escaló aún más con el pronunciamiento del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien denunció que el intento de desafuero y despido de representantes sindicales viola derechos básicos y constituye un grave antecedente contra la libertad sindical. Desde el gremio remarcaron que las protestas realizadas fueron parte del ejercicio legítimo del derecho a reclamar y recordaron que gracias a la lucha colectiva se lograron frenar otros avances del Ejecutivo sobre el hospital.
En ese marco, ATE advirtió que la persecución a delegados no quedará sin respuesta y dejó en claro que el costo político y social de esta decisión será alto para el Gobierno. Mientras tanto, el Garrahan vuelve a quedar en el centro de una disputa que excede lo laboral y expone el rumbo de ajuste y confrontación que impulsa la administración de Milei contra los trabajadores y la salud pública.