En una sesión extensa y cargada de tensión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de las reservas de agua dulce en la Argentina. La votación se resolvió durante la madrugada, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras más de 11 horas de debate.
La modificación introduce cambios sensibles en el alcance de la ley vigente desde 2010. El punto central pasa por la redefinición del “ambiente periglacial”, es decir, las zonas cercanas a los glaciares que hasta ahora estaban protegidas por su rol en la regulación hídrica. Con la nueva redacción, esas áreas quedarían parcialmente habilitadas para actividades productivas, en particular la minería.
El oficialismo logró reunir apoyos de sectores de la oposición, entre ellos bloques vinculados a gobernadores de provincias cordilleranas, donde la actividad minera representa una fuente importante de ingresos. Desde ese sector sostienen que la normativa anterior limitaba el desarrollo económico y la llegada de inversiones, en un contexto de fuerte necesidad de divisas.
Del otro lado, legisladores opositores y organizaciones ambientales advirtieron que los cambios implican un retroceso en materia de protección ambiental. Señalan que los glaciares no solo son reservas estratégicas de agua dulce, sino también reguladores naturales frente al cambio climático, y que cualquier intervención en zonas cercanas puede afectar la calidad y disponibilidad del recurso.
Más allá de la discusión técnica, el impacto de esta reforma trasciende a las regiones cordilleranas. El agua que nace en esos ecosistemas alimenta cuencas que abastecen a millones de personas, la producción agropecuaria y distintas actividades económicas. Por eso, el debate no es solo ambiental o productivo, sino también social: qué modelo de desarrollo se prioriza y con qué límites.
En lo inmediato, distintos sectores ya anticiparon que podrían presentarse acciones judiciales para frenar la aplicación de la norma. Al mismo tiempo, el tema promete seguir en el centro de la agenda pública, en un país donde la tensión entre explotación de recursos y cuidado ambiental vuelve a ponerse en primer plano.