En una jornada cargada de tensión, reclamos en la calle y discusiones acaloradas dentro del recinto, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca llevar un poco de alivio a los jubilados. Sin embargo, su destino aún es incierto: falta el tratamiento en el Senado y, en caso de avanzar, el presidente Javier Milei ya anunció que lo vetará.
La iniciativa contempla un aumento de emergencia del 7,2% para todos los haberes jubilatorios, un bono mensual de 110 mil pesos para quienes cobran la mínima —congelado desde hace más de un año en 70 mil— y, además, la restitución de la moratoria previsional que había vencido en marzo. Se trata de un paquete con fuerte impacto social, discutido mientras en las inmediaciones del Congreso se manifestaban trabajadores del Hospital Garrahan, jubilados, organizaciones sociales y el colectivo Ni Una Menos, todos con un reclamo común: que el ajuste no caiga sobre los más vulnerables.
La votación fue contundente: 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Unión por la Patria logró articular consensos con otros bloques como Encuentro Federal, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo, lo que permitió el avance del proyecto. El oficialismo, en cambio, se opuso de forma cerrada. La Libertad Avanza y el PRO más alineado con el Gobierno consideraron que la propuesta pone en riesgo el equilibrio fiscal. Para el Ejecutivo, el costo de estas medidas alcanzaría los 12 mil millones de dólares anuales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante. Mientras los diputados votaban, él participaba de un encuentro con empresarios donde reafirmó la postura del Gobierno: cualquier norma que, según su visión, ponga en jaque el superávit será vetada. “Todos los miércoles tenemos una pelea para que no se logre quórum. Es ridículo, pero tenemos que evitar que nos rompan el equilibrio fiscal”, dijo, sin matices.
Desde la oposición, en cambio, se defendieron otras vías posibles de financiamiento: reasignación de partidas presupuestarias, recorte de fondos a organismos de inteligencia, eliminación de beneficios impositivos específicos, e incluso los ahorros generados por menores pagos al FMI.
Más allá de la recomposición de haberes, la gran sorpresa del día fue la aprobación de la restitución de la moratoria previsional. Muchos creían que no llegaría a votarse o que no reuniría los apoyos necesarios, pero una serie de abstenciones estratégicas y el voto favorable de algunos legisladores que antes se habían mostrado en contra terminaron dándole luz verde. El kirchnerismo festejó el resultado como una victoria política inesperada.
El radicalismo y parte del PRO evitaron apoyar abiertamente la ley. Alegaron diferencias técnicas, pero su incomodidad fue evidente: muchos de ellos habían impulsado iniciativas similares el año pasado. Esta vez decidieron abstenerse o directamente no presentarse. Algunos lo justificaron como una forma de no “subirse a una movida kirchnerista”, aunque dentro de sus propios bloques la decisión no fue unánime ni sencilla de explicar.
Mientras tanto, el oficialismo apuesta a una futura reforma previsional integral, aunque hasta ahora no presentó un proyecto concreto. Por lo pronto, si el Senado aprueba la ley, Milei la vetará. Y si la oposición quiere insistir, necesitará dos tercios de los votos para que la norma entre en vigencia, una mayoría difícil de alcanzar en el actual mapa político.
Lo que quedó claro tras la sesión es que, en medio de una crisis económica cada vez más profunda, la discusión sobre los derechos previsionales se ha convertido en uno de los principales frentes de batalla. En el centro de ese conflicto, están los jubilados, muchas veces convertidos en variable de ajuste de decisiones que se toman lejos de sus mesas, de sus remedios y de su changuito del súper.
