El Gobierno nacional oficializó un incremento de entre el 29,7% y el 35,4% para los prestadores del sistema de Discapacidad, que se aplicará en tres etapas entre octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, desde el Foro Permanente Discapacidad calificaron la medida como “claramente insuficiente” y denunciaron que la administración de Javier Milei continúa sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso a comienzos de septiembre tras el rechazo al veto presidencial.
La resolución conjunta 2/2025, firmada por el ministro de Salud Mario Lugones y el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, el aumento “garantiza que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”, aunque los prestadores aseguran que la realidad económica desmiente ese argumento.
El aumento alcanzará a quienes brindan servicios de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación. Para las prestaciones de transporte, hogar, residencia y apoyo, las subas serán del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, sumando un 34,53%. En tanto, las demás prestaciones recibirán incrementos del 12%, 8,25% y 7%, respectivamente, acumulando un 29,73%.
Desde el Foro Permanente Discapacidad detallaron que el representante de los prestadores votó en contra de la propuesta del Gobierno, por considerarla “insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos de funcionamiento y la crisis del sector”. También recordaron que los aumentos recién se verán reflejados entre marzo y abril de 2026, lo que agrava la situación de quienes sostienen el sistema con recursos cada vez más limitados.
La actriz y militante por los derechos de las personas con discapacidad Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, expresó su indignación en redes sociales: “Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de la nafta de los transportistas, encima en tres cuotas. Es una burla. No puedo entender cómo pueden no cumplir una Ley de Emergencia aprobada cuatro veces por el Congreso y seguir como si nada”.
A pesar de la sanción de la ley, el Ejecutivo continúa sin aplicar los mecanismos de financiamiento que garanticen la continuidad de las prestaciones. Organizaciones y familias de personas con discapacidad advierten que la falta de respuestas concretas deja en riesgo la atención de miles de beneficiarios y profundiza la crisis en un sector que ya se encuentra al borde del colapso.