El cierre de la planta de FATE en Virreyes, partido de San Fernando, dejó a 920 trabajadores frente a un escenario de incertidumbre laboral que impacta no sólo en las familias afectadas sino también en la cadena económica regional.
La empresa anunció el cese definitivo de actividades y comunicó los despidos masivos, lo que derivó en una inmediata reacción del personal y del sector gremial. Desde entonces, los operarios mantienen una permanencia pacífica dentro del predio industrial, con asambleas y vigilancia del establecimiento para evitar el vaciamiento de la planta.
Tanto el Gobierno nacional como el bonaerense dictaron la conciliación obligatoria por 15 días con el objetivo de retrotraer la situación y abrir una instancia de negociación. Sin embargo, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denuncian que la fábrica continúa cerrada y que no hubo una propuesta concreta de continuidad productiva. El secretario general del gremio, Alejandro Crespo, sostuvo que la planta está en condiciones de producir y que cuenta con materia prima, maquinaria operativa y personal capacitado.
En medio del conflicto, los trabajadores elevaron un planteo a la administración del gobernador Axel Kicillof para que evalúe alternativas que permitan mantener activa la estructura industrial. Entre las opciones mencionadas por el sector gremial aparece la posibilidad de una intervención estatal o algún esquema de gestión que preserve el empleo. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre una estatización, pero el reclamo volvió a instalar la discusión sobre el rol del Estado frente al cierre de empresas estratégicas.
FATE no es una empresa menor en el entramado productivo argentino. Con más de ocho décadas de historia, forma parte del núcleo industrial vinculado a la producción de neumáticos, un insumo clave para el transporte y la actividad económica en general. El cierre no sólo afecta a los trabajadores directos. También repercute en proveedores, comercios de la zona y servicios vinculados a la actividad fabril.
Cada salario que se pierde tiene un efecto concreto en la economía cotidiana: alquileres, consumo en comercios barriales, cuotas escolares y gastos básicos quedan en riesgo. En un contexto de caída de la producción industrial y mayor competencia de productos importados, el conflicto se convierte en un símbolo de un debate más amplio sobre cómo sostener la industria nacional y el empleo registrado.
La conciliación obligatoria abre una ventana de negociación. El resultado de esa instancia será determinante no sólo para los 920 trabajadores, sino también para el futuro de una planta histórica que hoy permanece paralizada.