El gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a través de su publicación en el Boletín Oficial. La medida forma parte de una profunda reestructuración del Estado impulsada por el presidente Javier Milei tras el vencimiento de las facultades delegadas. Con esta decisión, el organismo que durante más de 90 años planificó, construyó y mantuvo las rutas del país dejará de existir.
Frente al anuncio, Gustavo Arrieta —último administrador general de Vialidad Nacional y actual Diputado del Parlasur y referente político en Cañuelas— expresó un fuerte repudio a través de sus redes sociales. “El gobierno de Milei decidió cerrar Vialidad Nacional. El organismo que construyó, mantuvo y planificó las rutas del país durante más de 90 años. El que permitió que los pueblos se conecten, que las economías regionales produzcan, exporten y crezcan”, escribió.
Arrieta cuestionó quién se hará cargo ahora del sistema vial argentino: “¿Las provincias, sin presupuesto ni personal? ¿Las empresas privadas, esperando contratos millonarios? ¿Las PPP, como las que intentó Macri y fracasaron sin hacer un solo kilómetro?”, planteó, en alusión a experiencias anteriores.
“Fui el último administrador General de Vialidad Nacional. Conozco la dimensión de esta decisión. No es solo un cierre. Es un crimen contra la infraestructura y el futuro del país”, remarcó el dirigente. Según indicó, la medida implica el despido de 5.000 trabajadores y deja sin cobertura estatal a 47.000 kilómetros de rutas nacionales. “Las rutas no son un lujo. Son las vidas de los argentinos que todos los días salen a trabajar, a producir, a estudiar, a vivir”, añadió.
Por último, advirtió que el ataque al Estado no se detiene con la obra pública: “Ahora van también por el Instituto Nacional del Cáncer y el de Enfermedades Cardiovasculares. Atacan la obra pública. Atacan la salud. Atacan la vida. Milei no está achicando el Estado. Lo está dinamitando”.
La disolución de Vialidad Nacional constituye un giro histórico en la política de infraestructura argentina y abre múltiples interrogantes sobre el futuro del sistema vial, el rol de las provincias y la privatización de servicios esenciales para la conectividad y el desarrollo regional.
