La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó los resultados de una encuesta sobre el uso y las percepciones en torno a la inteligencia artificial (IA), que reveló una expansión sostenida de estas herramientas, pero también preocupaciones sobre sus riesgos y la necesidad de un mayor control estatal.
El relevamiento, elaborado por el equipo que conduce Guido Lorenzino, mostró que el 29% de las personas consultadas afirmó haber tenido experiencias negativas con la IA, mientras que el 60% considera que el Estado debe intervenir para proteger los derechos de los usuarios frente a posibles impactos de esta tecnología.
De acuerdo con el informe, siete de cada diez personas utilizan inteligencia artificial de manera habitual: un 31% todos los días y un 40% algunas veces por semana. Los principales usos se concentran en el trabajo (26,6%) y el estudio (25,8%), seguidos por consultas personales (20,7%), temas de salud o bienestar (12,6%) y entretenimiento (12,4%).
En cuanto al nivel de conocimiento, el 39,5% se considera usuario intermedio, es decir, con manejo básico de algunas herramientas pero sin dominio técnico avanzado. ChatGPT aparece como la herramienta más utilizada, con un 36,4% de menciones.
La encuesta también indagó en los sentimientos que genera la IA: el 75% expresó sensaciones positivas, vinculadas a la curiosidad, el entusiasmo o la confianza. En cambio, el 22% manifestó emociones negativas, como desconfianza o indiferencia.
Aunque la mayoría no reportó inconvenientes, un 26% dijo haber tenido malas experiencias con la IA, mientras que un 20% no estuvo seguro de cómo evaluar sus resultados. Entre quienes manifestaron dificultades, los principales problemas fueron respuestas incorrectas o inexactas (37%), resultados que no cumplieron las expectativas (26%), dificultades técnicas (20,8%) y preocupaciones por la privacidad (13%).
Por otro lado, entre quienes no utilizan inteligencia artificial, el 32,9% señaló falta de interés, el 21,5% preocupación por los riesgos o la privacidad y el 19% desconfianza hacia la tecnología.
El estudio evidenció un consenso mayoritario sobre la necesidad de establecer reglas claras. Más de la mitad de los encuestados (56,6%) considera que el Estado debe garantizar una normativa que proteja los derechos de las personas, mientras que un 17,5% apoya una regulación parcial y un 13% sostiene que la IA debería desarrollarse sin restricciones.
“El avance de la inteligencia artificial nos pone ante un panorama complejo y dinámico, donde su uso masivo convive con desigualdades en el acceso y el conocimiento técnico. La ciudadanía no pide limitar su desarrollo, sino que el Estado controle sus efectos bajo criterios de justicia, equidad y defensa de los derechos humanos”, señaló Guido Lorenzino, defensor del Pueblo bonaerense.