En la víspera de una histórica movilización a Comodoro Py en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Javier Milei aprobó un paquete de medidas represivas que modifican de forma alarmante las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA). Mediante el decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se habilitan detenciones sin orden judicial, requisas arbitrarias durante protestas y tareas de espionaje en redes sociales, todo bajo la bandera de una “modernización” de la fuerza.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó esta reestructuración con el aval del propio Presidente, que será presentado públicamente en las próximas horas. El decreto deroga una resolución vigente desde 1958 y establece un nuevo estatuto para la PFA, concentrando poder en el Ejecutivo y debilitando aún más las garantías constitucionales.
Desde ahora, la Policía podrá detener a personas que “hubiesen cometido o pudieren cometer algún hecho delictivo” y que no puedan acreditar su identidad en el acto, sin intervención de un juez. Aunque se aclara que estas detenciones no deben exceder las 10 horas, se trata de un avance inédito sobre el derecho a la libre circulación y la presunción de inocencia.
Además, la fuerza está habilitada para requisar a personas, vehículos, aeronaves o embarcaciones sin orden judicial en al menos cuatro situaciones: cuando se sospeche que se ocultan objetos vinculados a delitos; cuando no haya tiempo de esperar una orden ante peligro de pérdida de pruebas; en operativos de prevención en lugares públicos; y en cualquier otro caso que permita la legislación vigente. Todo esto se podrá aplicar en pleno contexto de manifestaciones, como la marcha por Cristina.
Por si fuera poco, el nuevo estatuto también autoriza a la Policía Federal a realizar “tareas de prevención del delito” en el mundo digital: podrán monitorear redes sociales, sitios web y otras fuentes abiertas sin control judicial, con el supuesto compromiso de respetar la privacidad y la libertad de expresión. En los hechos, esto legaliza el ciberpatrullaje y abre la puerta a una vigilancia masiva sobre la ciudadanía.
El gobierno justifica estas reformas en nombre de la “eficiencia” y la “reorientación” de la PFA hacia una policía de investigación federal. En este marco, se eliminarán funciones ligadas a la seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se redefinirá el perfil de los ingresantes. Bullrich concentrará el control de los recursos y encabezará un programa de “modernización” financiado por la reducción de personal.
La implementación de este decreto se da apenas semanas después del crimen de Thiago Correa, asesinado por un agente de la PFA recién egresado que vació su arma en segundos. Sin embargo, en lugar de una revisión crítica, el gobierno opta por reforzar el brazo represivo del Estado.
Mientras crecen las voces que denuncian una peligrosa deriva autoritaria, el oficialismo avanza sin disimulo hacia una doctrina de seguridad que amenaza la protesta social, la privacidad y la democracia misma.
