El Gobierno nacional avanzó este lunes con la reglamentación del Régimen Penal Tributario y del Procedimiento Tributario, rebautizado oficialmente como “Ley de Inocencia Fiscal”, una norma que en los hechos funciona como un nuevo blanqueo para capitales no declarados, especialmente dólares guardados fuera del sistema formal.
La medida, impulsada por la gestión de Javier Milei, introduce cambios profundos en el esquema de control fiscal y reduce de manera significativa la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A cambio, se exige un cumplimiento estricto de la facturación y de las obligaciones que el propio contribuyente declare, bajo un régimen simplificado.
Uno de los puntos más sensibles de la reglamentación es la fuerte elevación de los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito tributario. A partir de ahora, la evasión simple solo será punible si supera los 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada recién se configura desde los 1.000 millones. En paralelo, el plazo de prescripción de los delitos tributarios se reduce de cinco a tres años, acortando drásticamente el margen para investigar maniobras irregulares del pasado.
En la práctica, esto implica que quienes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias en los próximos meses quedarán virtualmente blindados frente a eventuales investigaciones por hechos previos, una situación que recién podría revisarse a partir de 2029. La decisión genera fuertes cuestionamientos, ya que beneficia a grandes contribuyentes que mantuvieron capitales sin declarar durante años.
La flexibilización va aún más lejos. Si ARCA detecta un incumplimiento, el contribuyente podrá regularizar su situación pagando la deuda correspondiente sin que eso derive automáticamente en una causa penal. Incluso se despenalizan determinadas conductas si el error es corregido de forma voluntaria antes de una inspección formal.
Además, la ley establece que el organismo recaudador no analizará incrementos patrimoniales bajo el régimen simplificado y presume como correctas las declaraciones juradas, salvo que exista una discrepancia evidente. También se prevén reducciones del 50% en las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.
Desde sectores críticos advierten que este esquema abre la puerta a la legalización de fondos de origen dudoso y consolida una lógica de premio a quienes evadieron, en contraste con el ajuste permanente que recae sobre trabajadores, jubilados y pequeños contribuyentes que sí cumplen.
Pese a las críticas, el Gobierno defiende la iniciativa como una supuesta ampliación de libertades económicas. Sin embargo, para muchos especialistas y referentes políticos, la llamada “Ley de Inocencia Fiscal” no es más que un blanqueo encubierto que profundiza la desigualdad y debilita el control del Estado sobre el poder económico.