El proceso de privatización de AySA vuelve a generar fuertes cuestionamientos en la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la paralización masiva de obras clave y denuncias de un progresivo desmantelamiento interno.
Según datos oficiales del gobierno bonaerense, actualmente hay 293 obras frenadas en distintos puntos del territorio provincial. De ese total, 138 corresponden a redes de agua potable y 155 a obras cloacales, muchas de ellas con avances significativos pero sin continuidad.
La situación impacta de lleno en millones de vecinos, ya que varios de estos proyectos estaban destinados a ampliar el acceso a servicios esenciales en zonas densamente pobladas. Entre los casos más emblemáticos aparece el sistema de río subterráneo que debía abastecer a municipios como Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza y Quilmes. Esta obra estratégica, pensada para beneficiar a más de 2,5 millones de personas, se encuentra detenida con un avance cercano al 50%.
En paralelo, distintos distritos reportan trabajos prácticamente finalizados —algunos por encima del 90%— que quedaron abandonados sin explicaciones claras. Esta interrupción generalizada coincide con el avance del plan del gobierno nacional para transferir la empresa al sector privado, una decisión habilitada por la Ley Bases y profundizada a través de decretos que modificaron el marco regulatorio del servicio.
El proceso contempla la venta mayoritaria de las acciones de la empresa y un cambio estructural en su funcionamiento, incluyendo nuevas condiciones para los usuarios, como la posibilidad de cortes por falta de pago.
En este escenario, crecen las críticas por el rumbo adoptado: mientras se prepara la privatización, la obra pública se detiene y se ralentiza la expansión de servicios básicos. Para muchos sectores, esto refleja un modelo que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal al agua y al saneamiento, en una provincia donde todavía existen importantes déficits en infraestructura.