El inicio de 2026 trajo también la publicación de un decreto que habilita actualizaciones salariales para ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, luego de un período de congelamiento. La medida toma como referencia los aumentos paritarios otorgados al resto del sector público y rige a partir de este año, sin pagos retroactivos.
El decreto excluye de manera expresa al Presidente y a la Vicepresidenta, y establece una cláusula central: si el Estado nacional registra déficit fiscal, los aumentos quedan automáticamente suspendidos. Desde el oficialismo, esta condición es presentada como una señal de coherencia con la política de equilibrio fiscal.
Más allá de la explicación técnica, la decisión vuelve a poner en discusión el tema salarial en un contexto social complejo. Mientras los ingresos de jubilados, trabajadores informales y amplios sectores del empleo privado siguen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación, la recomposición de los sueldos políticos genera ruido y malestar.
El Gobierno sostiene que la medida busca “ordenar” la estructura salarial del Estado y evitar distorsiones internas, tras más de un año de congelamiento. También se enmarca en un proceso más amplio de reorganización del empleo público, con énfasis en evaluaciones de desempeño y criterios de eficiencia.
Sin embargo, el impacto simbólico no es menor. En un escenario de ajuste, recortes y caída del consumo, cualquier mejora en los ingresos de la dirigencia política se observa con lupa. La discusión no pasa solo por los montos, sino por el mensaje que se transmite en un momento en el que la mayoría de la población enfrenta dificultades para llegar a fin de mes.
El debate queda abierto entre la necesidad de un Estado ordenado y la demanda social de mayor sensibilidad frente a una realidad económica que sigue golpeando con fuerza en la vida cotidiana.