Luego de más de una década de litigio, Argentina vuelve a defenderse en los tribunales de Estados Unidos por la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este miércoles, en Nueva York, se lleva adelante la audiencia de apelación ante la Corte del Segundo Circuito, una instancia decisiva frente al reclamo de los fondos de inversión que exigen el pago de USD 16.100 millones.
La defensa del Estado argentino busca revertir una serie de fallos adversos dictados en los últimos años, que favorecieron a los fondos de cobertura que adquirieron los derechos de los antiguos accionistas de YPF. Entre los puntos centrales, se pedirá a la justicia norteamericana que evalúe si el caso debió tramitarse en Argentina, si la jueza Loretta Preska aplicó correctamente las leyes locales y si la fórmula utilizada para calcular el monto de la compensación fue adecuada.
Por su parte, los demandantes intentarán reincorporar a la propia YPF al proceso judicial, lo que implicaría un golpe adicional para la petrolera estatal. La audiencia, que comenzó cerca del mediodía, se extenderá durante gran parte de la jornada.
El conflicto judicial se originó luego de la decisión soberana del gobierno de Cristina Kirchner de recuperar el control de la principal empresa energética del país, que había sido privatizada durante la década del noventa. Sin embargo, la ofensiva judicial se activó recién durante el gobierno de Mauricio Macri, y el fallo condenatorio fue dictado bajo la gestión de Alberto Fernández.
Ahora, la administración de Javier Milei intenta revertir la situación, aunque sin mostrar una estrategia política o jurídica clara, en medio de la crisis económica y los recortes que afectan al país.
En los últimos días, Burford Capital, uno de los principales fondos litigantes, deslizó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Argentina para evitar un pago multimillonario. La firma reconoció que “todo proceso judicial conlleva riesgos significativos e imprevisibles, incluso la posibilidad de una pérdida total”.
Mientras tanto, el país solicitará a la justicia norteamericana la colaboración de más de 30 funcionarios y exfuncionarios que participaron del proceso de estatización, y pedirá extender el plazo para presentar documentación y dispositivos hasta el 21 de noviembre.
El caso YPF vuelve así al centro de la escena internacional, con la soberanía energética del país y miles de millones de dólares en juego.