La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habría sumado en los últimos días nuevos elementos que podrían profundizar el alcance del expediente y volver a colocar en el centro al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
La causa, iniciada tras la filtración de audios en 2025, indagaría un posible esquema de corrupción vinculado a la compra de insumos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Con la incorporación de nuevas grabaciones, la Justicia buscaría avanzar sobre un entramado que podría involucrar tanto a funcionarios como a empresarios del sector.
Según trascendió, entre los audios incorporados aparecería una frase que sintetizaría el clima interno que se investiga: “hay que cerrar filas”, una expresión que, de acuerdo a la fiscalía, podría dar cuenta de intentos de coordinación o alineamiento frente al avance de la causa.
En ese mismo material también se mencionarían mecanismos de funcionamiento vinculados a retornos económicos y porcentajes asociados a las operaciones. En ese marco, habría surgido la referencia a un “3%” que estaría vinculado a una persona identificada como Karina, un punto que quedaría bajo análisis judicial y cuya veracidad deberá ser determinada en el expediente.
A partir de estos nuevos elementos, la fiscalía habría impulsado un pedido de ampliación de indagatorias que alcanzaría a más de 20 personas, entre ellas empresarios que habrían sido beneficiados con contrataciones dentro del organismo.
En ese contexto, la Justicia habría decidido volver a citar a indagatoria a Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado por delitos como cohecho, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. La nueva citación buscaría profundizar su rol dentro de un esquema que, de confirmarse, podría haber funcionado de manera sistemática.
Otro de los ejes que comenzaría a cobrar fuerza es el posible lavado de dinero. Los investigadores intentarían reconstruir el circuito financiero detrás de las maniobras, identificar a los beneficiarios finales y establecer cómo se habrían distribuido los fondos.
Las operaciones bajo sospecha estarían vinculadas a la adquisición de prótesis, sillas de ruedas, implantes y otros insumos esenciales para personas con discapacidad, lo que agregaría un componente especialmente sensible al caso. De confirmarse las irregularidades, no solo implicarían un perjuicio económico para el Estado, sino también un impacto directo en un sector que depende de políticas públicas para garantizar su calidad de vida.
En ese marco, la causa no solo avanzaría en términos judiciales, sino que también reabriría el debate sobre los controles del gasto público y la transparencia en áreas críticas, donde cualquier desvío tendría consecuencias concretas en la vida cotidiana de miles de personas.