El escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue creciendo y ya tiene derivaciones judiciales de gran magnitud. En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello ordenó 25 allanamientos simultáneos en oficinas de la Andis, droguerías y domicilios particulares en el marco de la causa que investiga maniobras de corrupción y pago de sobornos en la compra de medicamentos.
El operativo, a cargo del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, se desplegó de forma coordinada y terminó con el secuestro de teléfonos, computadoras, dinero, documentación y otros dispositivos de almacenamiento. El objetivo es determinar si existieron sobreprecios y direccionamientos en la adquisición de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
La investigación, que abarca desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, apunta directamente a la actual gestión de Javier Milei. En el centro de la escena aparecen nombres pesados: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y su influyente asesor Eduardo “Lule” Menem, quienes fueron mencionados en audios del entonces titular de la Andis y abogado de Milei, Diego Spagnuolo, donde se hablaba abiertamente de coimas.
Los audios, cuya autenticidad fue ratificada por el juez Casanello, complican además a los empresarios Jhonatan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del programa Incluir Salud, que concentraba el 22% de las compras. La fiscalía detectó contratos sospechosos, presuntos sobreprecios y posibles retornos millonarios.
Durante los allanamientos previos, ya se habían encontrado grandes sumas de dinero en efectivo y registros de ingresos y egresos de los countries donde viven los principales involucrados: Nordelta, Altos de Campo Grande (Pilar) y El Paso Country Club. Ahora, con la nueva ola de operativos, el expediente suma cada vez más pruebas.
En el plano político, el caso también tiene repercusiones: la Cámara de Diputados aprobó un pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, con el objetivo de que den explicaciones ante el Congreso el próximo 15 de octubre, un día después del encuentro del presidente Milei con su par estadounidense.
El avance judicial y la presión política amenazan con convertirse en una crisis interna que golpea directamente el corazón del gobierno libertario.