Mientras continúan los cierres de ramales, las demoras y los problemas operativos en casi todo el sistema ferroviario, un nuevo estudio puso la lupa sobre la verdadera estrategia del Gobierno: preparar el terreno para privatizar el conjunto del sistema, utilizando fondos públicos para reacondicionar aquello que luego pretende entregar al capital privado.
El informe, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, sostiene que la administración de Javier Milei profundiza la lógica de los años noventa: desfinanciar por un lado, invertir selectivamente por otro, y finalmente avanzar hacia la privatización total de las empresas ferroviarias. Según el documento, el Gobierno combina un ajuste severo con desembolsos millonarios destinados a evitar un colapso que tenga costos sociales y políticos difíciles de sostener. Una “hoja de ruta dual”, afirman, que busca mantener lo indispensable mientras se eleva el valor de los activos públicos para futuros compradores.
Este esquema quedó formalizado con la Ley Bases y el DNU que declaró la Emergencia Ferroviaria en 2024, emitido luego del accidente ocurrido en Palermo. A partir de esa medida, el Ejecutivo asignó más de 1,29 billones de pesos al sector y flexibilizó procesos de contratación, lo que permitió continuar algunas obras y sostener mínimamente el funcionamiento de líneas que vienen perdiendo servicios de manera sistemática. El trato preferencial contrasta con el resto de las empresas públicas, que sufrieron un recorte del 83% en términos reales.
Paralelamente, el Gobierno impulsó una poda profunda en los servicios no rentables y en el personal. Más de una docena de servicios interurbanos y de larga distancia dejaron de operar, provocando una caída del 23% en la cantidad de pasajeros transportados en el primer semestre de 2025. También se achicaron los servicios metropolitanos y se ejecutó una reducción del 15% del personal ferroviario, mayormente en la empresa SOFSE, con la salida de trabajadores con décadas de experiencia.
Las inversiones que sí se mantienen se concentran casi exclusivamente en el AMBA, con obras destinadas a mejorar seguridad y operatividad. Para la fundación, esto forma parte de una puesta en valor que vuelve más atractivos los activos ferroviarios para futuros operadores privados. Un ejemplo de ese camino es Belgrano Cargas y Logística, la empresa más codiciada por su potencial rentabilidad y por recorrer zonas clave de producción agrícola y minera.
En conclusión, el informe advierte que la Emergencia Ferroviaria funciona como un mecanismo con doble finalidad: sostener lo elemental para evitar el derrumbe total del sistema, y al mismo tiempo preparar una privatización que desarticula aún más el mapa ferroviario nacional. En un país que alguna vez tuvo la red más extensa de Sudamérica, el rumbo actual profundiza un retroceso que, lejos de modernizar, vuelve a fragmentar uno de los instrumentos estratégicos de integración federal.