La organización Abuelas de Plaza de Mayo presentó un contundente pedido ante la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, para que declare inconstitucional el decreto 351 firmado por el presidente Javier Milei, que despojó de su autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La decisión del Gobierno no solo pone en peligro la estructura institucional del organismo, sino que amenaza directamente la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar.
El decreto, dictado con el argumento de “ahorro de recursos”, eliminó la autarquía del BNDG y lo convirtió en un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, debilitando su rol como herramienta fundamental en la restitución de identidades. Según Abuelas, la medida es parte de un desmantelamiento más amplio de políticas de memoria y derechos humanos impulsado por el Ejecutivo.
El escrito presentado ante la jueza también solicita una medida de no innovar que garantice la preservación de las muestras genéticas almacenadas en el Banco, y la continuidad en el cargo de su actual directora, Mariana Herrera Piñero, cuyo mandato —designado por concurso— venció el 18 de mayo. Desde entonces, los análisis genéticos y trámites judiciales están paralizados, profundizando la situación de vulnerabilidad del organismo.
“El BNDG está desfinanciado, intervenido y sin conducción formal”, denunciaron desde Abuelas, señalando que esta combinación de factores retrasa las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y favorece la impunidad. El escrito lleva las firmas de Estela de Carlotto, la abogada Carolina Villella y Lorena Battistiol, quien aún busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio.
La jueza Alicia Vence, que interviene en la megacausa de Campo de Mayo —una de las principales jurisdicciones donde se investigan apropiaciones de bebés— ya había frenado en enero un intento de la Armada de destruir archivos históricos. En esa guarnición militar funcionaron al menos cinco centros clandestinos, donde se estima que más de 30 mujeres embarazadas estuvieron detenidas.
En medio de los intentos por debilitar las políticas de verdad y justicia, Abuelas ratificó su compromiso: “Nunca bajaremos los brazos. Todavía nos falta encontrar a 300 nietos y nietas”.
No es el único retroceso en materia de derechos humanos del Gobierno de Milei. El año pasado, tanto el actual ministro de Defensa, Luis Petri, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se negaron a enviar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Luego, el presidente eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación que tenía acceso a archivos clave del Estado.
