Mientras el Gobierno nacional sostiene una política de reducción del gasto público y promueve la utilización de inmuebles estatales para evitar nuevos alquileres, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado mantiene un contrato por $720 millones para ocupar cuatro pisos de oficinas en pleno centro porteño.
El inmueble está ubicado en avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en la tradicional Diagonal Norte. El contrato contempla los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, además de 24 cocheras. El canon establecido es de $60 millones mensuales durante un año.
El contrato fue firmado a fines de noviembre de 2025 y establece un valor de $15 millones mensuales por cada piso. En total, se trata de aproximadamente 4.000 metros cuadrados de oficinas, a razón de unos 1.000 metros cuadrados por planta.
Pero el gasto no termina en el alquiler. Las expensas ordinarias, la electricidad, el gas y otros servicios quedan a cargo del Estado. Por lo tanto, el costo final para las cuentas públicas es superior a los $720 millones establecidos por el contrato.
La contratación se realizó mediante un procedimiento de adjudicación directa y tuvo una única oferta, presentada por la empresa OTOBA S.A., que finalmente fue considerada admisible y económicamente conveniente. El valor del alquiler fue respaldado por una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El punto que genera mayor ruido político es el contraste con el discurso oficial. La administración de Javier Milei impulsó el denominado programa “Alquiler Cero”, que busca reducir los gastos del Estado en locaciones y priorizar la utilización de edificios públicos disponibles.
Incluso dentro del proceso administrativo aparece la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para determinar si existían inmuebles estatales que pudieran ser utilizados. Sin embargo, el Ministerio avanzó finalmente con el edificio de Diagonal Norte.
El inmueble, además, no es una oficina convencional. Se trata de un edificio ubicado en una de las zonas más cotizadas del centro porteño, con seguridad, ascensores, cocheras y servicios propios de un edificio corporativo.
El debate no pasa solamente por si el Estado necesita oficinas para funcionar. La discusión aparece cuando se compara ese gasto con el mensaje que reciben al mismo tiempo otras áreas de la administración pública: menos personal, menos estructuras, reducción de gastos y utilización del patrimonio estatal.
Para una gestión que hizo del ajuste una de sus principales banderas, los gastos de funcionamiento también forman parte de la discusión. Y un contrato de $720 millones por un año, más expensas y servicios, difícilmente pase inadvertido cuando se les pide a otras dependencias del Estado que reduzcan hasta el último peso de sus presupuestos.
El caso deja expuesta una de las contradicciones que suelen aparecer cuando el ajuste se transforma en política de Estado: reducir el gasto no significa solamente cerrar oficinas o achicar estructuras. También implica revisar cuánto cuesta mantener aquellas dependencias que continúan funcionando y qué criterios se utilizan para decidir dónde y cómo lo hacen.