Las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, generaron una fuerte controversia luego de que atribuyera el crecimiento de la morosidad en los créditos y tarjetas de las familias a problemas de administración personal, en lugar de vincularlo con la situación económica que atraviesa el país.
Durante una exposición sobre el escenario financiero, Ravier sostuvo que el regreso del crédito implica que también aparezcan mayores niveles de incumplimiento en los pagos. En ese contexto, afirmó que “a veces la gente misma se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, una frase que rápidamente despertó críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
El funcionario explicó que, tras varios años con escaso acceso al financiamiento, muchas personas todavía deben aprender a calcular cuánto pueden destinar al pago de cuotas sin comprometer su economía familiar. Según planteó, el problema no radica únicamente en la disponibilidad del crédito, sino también en la capacidad de cada hogar para administrar sus recursos.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintos informes vienen reflejando un aumento de la morosidad en préstamos personales, tarjetas de crédito y financiamiento de consumo. Ese escenario coincide con una pérdida del poder adquisitivo, mayores costos financieros y dificultades para afrontar los compromisos económicos asumidos por muchas familias.
Las expresiones de Ravier fueron ampliamente cuestionadas en redes sociales y por referentes de la oposición, quienes consideraron que el Gobierno traslada la responsabilidad a los ciudadanos y evita reconocer el impacto que tienen la inflación, el costo de vida y la caída de los ingresos sobre la capacidad de pago de los hogares.
El episodio volvió a instalar el debate sobre las causas del creciente endeudamiento de las familias argentinas y sobre el rol que cumplen las políticas económicas en un contexto donde cada vez más personas recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.