El presidente Javier Milei enfrenta una nueva polémica judicial luego de que distintos sectores de la oposición impulsaran denuncias por la autorización del ingreso de tropas estadounidenses al país para participar de los ejercicios militares “Daga Atlántica” y “PASSEX”. Los cuestionamientos apuntan a que la decisión habría sido adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), evitando el tratamiento previo en el Congreso Nacional.
Uno de los primeros en acudir a la Justicia fue el diputado nacional Juan Marino, quien sostuvo que la medida representa una vulneración de las facultades constitucionales del Poder Legislativo y una señal de alineamiento automático con la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump.
Según la presentación judicial, la autorización del ingreso de fuerzas extranjeras sin el debate parlamentario correspondiente podría constituir una violación de las normas que regulan este tipo de operaciones militares en territorio argentino. La denuncia también cuestiona la utilización del DNU para una decisión que, de acuerdo con la oposición, no reunía las condiciones de necesidad y urgencia previstas por la Constitución.
El caso generó repercusiones entre distintos espacios políticos, donde varios dirigentes coincidieron en expresar preocupación por el procedimiento elegido por el Gobierno nacional. Desde esos sectores consideran que la política de defensa y las relaciones militares con otros países deben contar con el control y la aprobación del Congreso.
La controversia se produce en un contexto de estrecha relación entre la administración de Javier Milei y la Casa Blanca encabezada por Donald Trump. Para los denunciantes, esa cercanía política no puede justificar que se omitan los mecanismos institucionales previstos por la legislación argentina.
Ahora será la Justicia Federal la encargada de analizar las presentaciones y determinar si existió algún incumplimiento de las normas vigentes o si la decisión del Poder Ejecutivo se ajustó al marco constitucional.
Mientras tanto, el episodio suma un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional, que vuelve a quedar bajo cuestionamiento por decisiones vinculadas a su política internacional y al uso de herramientas excepcionales como los decretos de necesidad y urgencia.