La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó de una jornada de reclamo encabezada por intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por el desfinanciamiento de los programas alimentarios, en un contexto de creciente demanda social.
La actividad tuvo lugar el 30 de abril e incluyó un encuentro en la sede de la Federación Argentina de Municipios, donde los jefes comunales se reunieron junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y funcionarios provinciales. En ese marco se consolidó un posicionamiento conjunto frente a la situación de los comedores escolares.
Como parte de la misma jornada, los intendentes avanzaron luego con la presentación de un petitorio ante el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en el que reclamaron la restitución y actualización de fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Programa MESA.
El planteo apunta al desfinanciamiento de políticas alimentarias que alcanzan a casi tres millones de niñas, niños y adolescentes en la provincia. Según expresaron, el Gobierno nacional recortó el financiamiento del Programa MESA y no actualizó los montos del SAE, lo que genera un desfasaje frente al aumento de precios y la mayor demanda en comedores escolares.
En ese contexto, Fassi sostuvo que “el derecho a la alimentación no puede esperar” y advirtió que cada vez más familias dependen de la asistencia alimentaria en las escuelas. La intendenta remarcó que tanto la Provincia como los municipios están cubriendo con recursos propios el faltante de fondos nacionales para garantizar la continuidad del servicio.
Durante el encuentro en la FAM, Kicillof cuestionó con dureza la política del Gobierno nacional. “El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria”, afirmó. Además, sostuvo que existe una lógica en la que se busca trasladar el impacto de las medidas económicas a los gobiernos subnacionales: “El Gobierno nacional busca descargar la crisis sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”.
De acuerdo a los datos expuestos, el SAE bonaerense alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes y constituye el principal programa alimentario del país. Desde la Provincia se advirtió que la deuda nacional vinculada a este esquema superaría los 220.000 millones de pesos, en un escenario en el que la participación del financiamiento nacional habría caído significativamente en los últimos meses. Frente a esto, el gobierno bonaerense incrementó su inversión, mientras que los municipios sostienen la asistencia para evitar interrupciones.
La vicegobernadora Magario también se refirió a la situación y la calificó como crítica, al tiempo que reclamó la transferencia de los recursos adeudados. En la misma línea, desde el área de Desarrollo de la Comunidad bonaerense advirtieron que la falta de actualización de los fondos impacta directamente en la calidad y cantidad de alimentos que reciben los estudiantes.
El reclamo, que reunió a intendentes de distintos espacios políticos, se inscribe en una tensión más amplia entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de recursos en áreas sensibles. Mientras se aguarda una respuesta oficial, los municipios continúan sosteniendo los programas alimentarios en un contexto de creciente presión social y limitaciones presupuestarias.