Avanza la privatización de rutas clave y ya se conocen los nuevos valores de peaje

El proceso de privatización de importantes corredores viales en la Argentina sigue avanzando y ya dejó una de las definiciones más sensibles para los usuarios: el costo de los peajes. Se trata de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, ejes fundamentales para la circulación en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

La medida forma parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones impulsada por el gobierno nacional, que contempla la transferencia al sector privado de miles de kilómetros de rutas. En este caso, el paquete incluye unos 1.871 kilómetros, que abarcan desde accesos al Área Metropolitana hasta conexiones estratégicas con el interior bonaerense.

En el tramo más extenso —que incluye sectores de las rutas 3, 205 y 226, además de autopistas como Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas— la oferta más baja para el peaje fue de aproximadamente 997 pesos más IVA. Esta propuesta fue presentada por un consorcio de empresas que ahora aparece como principal candidato a quedarse con la concesión.

Por otro lado, en el corredor correspondiente a la ruta 5, que conecta Luján con Santa Rosa (La Pampa), el valor propuesto asciende a unos 2.355 pesos más IVA, marcando una diferencia significativa respecto del otro tramo.

El proceso no estuvo exento de polémicas. Desde la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof intentó participar a través de la empresa estatal Aubasa, pero su propuesta fue desestimada. Además, desde la administración bonaerense denunciaron irregularidades, como la filtración anticipada de ofertas, y anticiparon que el conflicto continuará en la Justicia.

Este esquema forma parte de una política más amplia del gobierno nacional, que busca avanzar con la privatización de cerca de 9.000 kilómetros de rutas adicionales, en un contexto donde ya existen otros 10.000 kilómetros concesionados.

Mientras tanto, crece la preocupación entre usuarios y sectores productivos por el impacto que estos nuevos costos podrían tener en el transporte, la logística y la economía cotidiana, especialmente en regiones donde estas rutas son claves para la actividad agrícola y comercial.