Un nuevo escándalo golpea al gabinete libertario y vuelve a poner bajo la lupa el uso de fondos públicos. Esta vez, el foco está en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, donde salió a la luz un millonario convenio en dólares para cursos de inglés que despierta fuertes sospechas por su monto y por los vínculos entre la empresa contratada y un funcionario del propio gobierno.
El acuerdo fue firmado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de administrar el tránsito aéreo en el país y que depende del área de Transporte. El contrato, sellado a mediados de 2025, establece el pago de USD 881.476 al Instituto Latinoamericano de Aviación Civil (ILAC) para la realización de un programa de capacitación en idioma inglés orientado al ámbito aeronáutico.
La contratación quedó bajo la órbita del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, funcionario designado por Caputo a fines de 2023 cuando el gobierno reorganizó el área de transporte dentro del superministerio de Economía.
Según los detalles del convenio, el monto total se pagaría por un trabajo dividido en dos etapas: primero un diagnóstico del nivel de inglés del personal, valuado en USD 420.552, y luego el diseño y planificación de un programa especializado en aviación, que demandaría USD 460.924 adicionales.
Uno de los puntos más cuestionados es la rapidez del pago: el contrato establece que el monto total debía abonarse en un plazo máximo de 15 días corridos después de la firma, mediante transferencia bancaria.
Si se analizan los números del acuerdo, el costo por hora docente resulta llamativo. El convenio menciona alrededor de 9.700 horas de enseñanza, lo que arroja un valor cercano a 130 mil pesos por hora al tipo de cambio oficial de ese momento. Esa cifra supera ampliamente lo que perciben docentes del sistema público: un profesor de nivel terciario ronda los 64 mil pesos por hora, mientras que uno de nivel medio suele cobrar cerca de 50 mil.
La comparación también genera polémica con otras contrataciones similares dentro del Estado. Por ejemplo, cursos de inglés realizados por organismos públicos con universidades nacionales se han pagado a valores considerablemente menores y mediante procesos de licitación más transparentes.
Además, este contrato no tuvo la misma visibilidad administrativa que otros acuerdos estatales, lo que alimenta las críticas sobre la falta de controles.
El contexto en el que se firmó el convenio también resulta delicado. En el sector aeronáutico, trabajadores y especialistas vienen denunciando desde hace meses problemas operativos, falta de inversión en infraestructura y conflictos salariales. Incluso se advirtió sobre el deterioro de instalaciones clave en aeropuertos y torres de control.
Sospechas por conflicto de intereses
El caso adquiere una dimensión aún más polémica por la relación previa entre el funcionario que intervino en la contratación y la empresa beneficiada.
Registros societarios indican que el propio Gómez fue socio fundador del Instituto Latinoamericano de Aviación Civil en 2021, con el 50% del capital de la firma. La otra mitad pertenecía a María Luján Di Loreto, con quien el funcionario compartió espacios de gestión en el ámbito de la aviación civil durante administraciones anteriores.
Antes de asumir en el gobierno libertario, Gómez cedió formalmente su participación accionaria en la empresa el 8 de diciembre de 2023, apenas dos días antes de ser designado en el cargo. Sin embargo, el hecho de que el organismo bajo su órbita haya contratado posteriormente a esa misma empresa por casi 900 mil dólares abre interrogantes sobre un posible conflicto de intereses.
La revelación del contrato ya generó fuertes cuestionamientos políticos y podría derivar en pedidos de investigación administrativa o judicial para determinar si hubo irregularidades en el proceso de contratación y en el manejo de fondos públicos.