El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa avanzó con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, mientras que el peronismo votó mayoritariamente en contra.
La sanción representa un nuevo triunfo legislativo para el Gobierno en un contexto económico complejo, marcado por caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y tensiones en el mercado de trabajo. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, la aprobación abre una nueva etapa de conflicto con el movimiento sindical.
Entre los aspectos más cuestionados de la norma se encuentran los cambios en el sistema de indemnizaciones, con la posibilidad de reemplazarlas por fondos de cese laboral acordados por convenio; la ampliación y flexibilización del período de prueba; la implementación de un banco de horas que permite reorganizar la jornada laboral; la reducción de multas por incumplimientos y un esquema de regularización laboral con condonación de deudas.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reducir la litigiosidad y promover la contratación formal. Argumentan que la rigidez normativa y el costo de los juicios laborales desincentivan la generación de empleo. No obstante, distintos especialistas advierten que experiencias similares no siempre derivaron en mayor creación de puestos de trabajo y que el contexto económico general es un factor determinante.
La reacción sindical no tardó en llegar. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que judicializará la ley y que impulsará presentaciones ante la Justicia para cuestionar su constitucionalidad. Dirigentes gremiales sostienen que la reforma vulnera derechos adquiridos y altera el equilibrio entre empleadores y trabajadores, especialmente en un escenario de debilidad salarial.
De este modo, el conflicto pasa ahora del Congreso a los tribunales. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para dinamizar la economía, el sindicalismo anticipa una disputa legal que podría prolongarse en el tiempo. El impacto concreto de la norma comenzará a medirse cuando las nuevas reglas entren en vigencia y se reflejen en las relaciones laborales cotidianas.