La Cancillería Argentina adjudicó un contrato por 114.044.133 pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para la capacitación en idioma inglés de 132 empleados del organismo. La decisión abrió un debate público debido a que la entidad está dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger, actual titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
Según la documentación oficial, el proceso se realizó bajo la modalidad de adjudicación simple por especialidad, al presentarse un único oferente. El contrato contempla cursos regulares, talleres específicos y evaluaciones de nivelación a desarrollarse durante varios meses.
El vínculo familiar obligó a activar mecanismos de control adicionales. Intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, y se firmó un pacto de integridad como herramienta preventiva ante posibles conflictos de interés. Desde el Gobierno sostienen que se cumplieron todas las normas vigentes y que el procedimiento se ajustó al régimen de contrataciones públicas.
Más allá de la legalidad formal, el caso vuelve a poner en discusión un tema sensible: la transparencia en el uso de los recursos del Estado en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reducción del gasto público. En momentos en que se aplican recortes presupuestarios, despidos y reestructuraciones en distintas áreas, cualquier contratación millonaria adquiere una dimensión política mayor.
La capacitación en inglés dentro de Cancillería no es un hecho aislado ni nuevo: se trata de una herramienta habitual para el funcionamiento diplomático. Sin embargo, el debate se centra en la oportunidad, el procedimiento elegido y la necesidad de garantizar igualdad de condiciones para todos los potenciales oferentes.
El episodio expone una tensión frecuente en la gestión pública: cuando lo legal no necesariamente despeja las dudas éticas. Y en tiempos de desconfianza social hacia la política, la transparencia no sólo debe cumplirse, sino también percibirse con claridad.