El Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en una votación que marcó un antes y un después en el escenario político. Con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo consolidó una mayoría que hasta hace poco parecía improbable y exhibió un poder de presión que dejó a buena parte de la oposición sin margen de maniobra.
La sesión estuvo atravesada por un fuerte operativo de seguridad encabezado por la ministra.
Afuera del Congreso, la protesta social volvió a ser respondida con gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones. Una postal repetida en los debates más sensibles para el Gobierno.
En lo estrictamente laboral, los cambios aprobados impactan de lleno en los derechos de los trabajadores. El cálculo de indemnizaciones por despido quedará limitado al salario básico, excluyendo adicionales, aguinaldo y vacaciones. Además, se habilita el pago en cuotas: hasta seis para grandes empresas y doce para pymes. En la práctica, quienes pierdan su empleo no sólo cobrarán menos, sino que deberán esperar más tiempo para percibirlo.
La jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas diarias, con un esquema de “banco de horas” que reemplaza el pago tradicional de horas extra. Esas horas adicionales no se abonarán como tales, sino que se compensarán con francos o reducciones horarias, siempre bajo criterio del empleador. También se flexibiliza el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse y otorgarse según decisión empresarial, con la única obligación de garantizar un período estival cada tres años.
Otro punto polémico es la reducción de ingresos ante enfermedades o accidentes. Dependiendo de si se consideran voluntarios o involuntarios, el trabajador podría percibir apenas el 50% o el 75% del salario básico por un tiempo limitado. Además, se amplían las actividades consideradas esenciales, restringiendo el derecho a huelga, y se establecen requisitos que condicionan la realización de asambleas en los lugares de trabajo.
Mientras tanto, los indicadores económicos no acompañan el relato oficial. Salarios privados en caída durante varios meses consecutivos, miles de despidos desde el cambio de gobierno y aumentos persistentes en alimentos, tarifas y transporte configuran un escenario de fuerte presión sobre el bolsillo. La inflación sigue impactando especialmente en productos básicos, agravando la pérdida de poder adquisitivo.
En el plano político, el peronismo atraviesa un momento de dispersión y falta de liderazgo claro. Aunque logró unificar posiciones en esta votación, continúa sin consolidar una propuesta capaz de interpelar a amplios sectores sociales. Los bloques dialoguistas, por su parte, volvieron a inclinar la balanza a favor del oficialismo, consolidando una dinámica que deja al Gobierno con amplio margen para avanzar.
La reforma ahora deberá ser tratada en Diputados. Si se confirma la aprobación, la Argentina ingresará en una nueva etapa en materia laboral. Para el oficialismo es una señal de fortaleza. Para millones de trabajadores, en cambio, la preocupación es concreta y cotidiana.