El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó durísimas críticas contra el Gobierno nacional tras la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, al que calificó como un acto de sumisión que pone en riesgo los intereses estratégicos de la Argentina. En ese marco, advirtió que el pacto no fue producto de una negociación equilibrada entre dos países soberanos, sino una imposición externa aceptada sin discusión por la administración libertaria.
Para Kicillof, el entendimiento presentado por la Casa Rosada carece de cualquier beneficio concreto para la industria nacional, el empleo argentino o el desarrollo del mercado interno. Por el contrario, sostuvo que se trata de un esquema que deja al país en una posición de extrema debilidad frente a una potencia extranjera, sin mecanismos de protección ni salvaguardas para los sectores productivos locales.
El mandatario bonaerense remarcó que acuerdos de este tipo ya fueron firmados por otros países con economías mucho más frágiles, lo que a su entender demuestra que no hubo capacidad ni voluntad de negociación por parte del Gobierno nacional. En esa línea, señaló que la Argentina aceptó condiciones preestablecidas, resignando márgenes de decisión propios y comprometiendo su soberanía económica.
Kicillof también apuntó contra el rol que deberá cumplir el Congreso, y reclamó a los legisladores nacionales que no acompañen la iniciativa cuando sea tratada. Consideró que avalar el acuerdo implicaría legitimar una política exterior subordinada, alejada de cualquier proyecto de desarrollo nacional y contraria a los intereses históricos del país.
Además, cuestionó con dureza la falta de transparencia del proceso y advirtió que quienes respalden el pacto deberán hacerse cargo de las consecuencias políticas, económicas y sociales que pueda generar en el futuro. Desde su mirada, el acuerdo no solo es perjudicial, sino que resulta indignante para un país con capacidad productiva, recursos naturales y potencial industrial como la Argentina.
Las declaraciones del gobernador se suman a una creciente ola de cuestionamientos desde distintos sectores políticos, sindicales y sociales, que ven en este acuerdo un nuevo avance del Gobierno de Javier Milei sobre la soberanía nacional y una profundización del modelo de ajuste y dependencia externa.