El secuestro de 695.457 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros en el marco del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad dejó al descubierto algo que va mucho más allá de un hecho individual o un desorden administrativo. La causa judicial expone una operatoria organizada, con roles definidos y beneficios concretos, montada sobre un área del Estado creada para garantizar derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El dinero fue hallado durante un allanamiento judicial en un departamento de Puerto Madero y quedó vinculado a Ornella Calvete, exfuncionaria nacional procesada sin prisión preventiva. Las cifras impactan, pero el verdadero centro del caso no está solo en los fajos de billetes: está en la utilización de estructuras públicas para cometer delitos que tuvieron como consecuencia directa el vaciamiento de políticas destinadas a personas con discapacidad.
La investigación describe vínculos, comunicaciones y movimientos que no responden a decisiones aisladas. Por el contrario, el expediente da cuenta de una asociación que habría operado de manera coordinada, aprovechando cargos, información sensible y relaciones políticas para desviar recursos o condicionar prestaciones. En ese esquema, la discapacidad no aparece como prioridad social, sino como territorio de negocios.
Sin embargo, el avance judicial muestra un límite claro. Las responsabilidades penales se concentran en funcionarios intermedios y en la conducción directa del organismo, mientras la cadena de decisiones no termina de completarse. Existen audios y registros incorporados a la causa que indican que las resoluciones no se agotaban en la Agencia, y que las gestiones y avales llegaban a instancias superiores del Gobierno.
En ese contexto, aparecen menciones que alcanzan al entorno del poder central, con referencias que llegan hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No hay imputaciones formales en ese nivel, pero el silencio institucional y la falta de explicaciones públicas alimentan la percepción de que la investigación se frena cuando roza al núcleo político.
Mientras tanto, el impacto social es concreto y cotidiano. Prestadores, acompañantes terapéuticos, transportistas y familias denuncian retrasos, falta de pagos y recortes en un sistema donde los recursos están garantizados por ley. Hay tratamientos que se interrumpen, servicios que se suspenden y personas con discapacidad que quedan atrapadas entre la burocracia y el ajuste.
El contraste es brutal: millones en efectivo secuestrados por la Justicia y derechos básicos que no se cumplen. No se trata solo de una causa penal en trámite, sino de una señal de alarma sobre cómo funcionan ciertas áreas del Estado cuando los controles fallan, la política mira para otro lado y la rendición de cuentas se corta antes de llegar arriba.
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad interpela al sistema en su conjunto. Porque cuando una trama organizada opera sobre políticas públicas esenciales, el daño no es abstracto ni contable: se mide en tratamientos que no llegan, en familias que esperan y en personas con discapacidad que vuelven a pagar el costo de un Estado que no las protege.